ECONOMÍA. TCE individualiza responsabilidad de empresas consorciadas en contratación pública. Mediante Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017-TCE, el Tribunal de Contrataciones del Estado uniformizó criterios, respecto a los supuestos en que corresponde individualizar la responsabilidad de las empresas que integran un consorcio, desde el momento de la promesa formal, por la presentación de documentos falsos o adulterados contenidos en la oferta.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 13° de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 220° del Reglamento, se permite a los proveedores agrupados en consorcio participar en los procedimientos de selección. Precisándose que las infracciones cometidas en esta etapa, así como en la ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria.
Con la salvedad que establece la Sala Plena del TCE, de poder individualizar la responsabilidad, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, aplicándose una sanción al consorciado que la cometió.
El Acuerdo fue publicado el pasado 29 de setiembre en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Más datos
El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del OSCE. Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones: a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, los participantes y los postores durante el proceso de selección. b) Aplicar las sanciones de inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, participantes, postores, contratistas, árbitros y expertos independientes, según corresponda para cada caso. c) Las demás funciones que le otorga la normativa. Su conformación y el número de Salas son establecidos por Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El OSCE, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. Tiene entre sus funciones, velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la Ley, su reglamento y normas complementarias, efectuar acciones de supervisión de forma selectiva y/o aleatoria respecto de los métodos de contratación contemplados en la Ley; y administrar el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), entre otras funciones establecidas en el artículo 52º de la Ley de Contrataciones del Estado.
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