En el marco del proceso de consulta previa del Lote 192, los pueblos indígenas kichwa consensuaron sobre el tema de titulación con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Gobierno Regional de Loreto, institución responsable del saneamiento físico y legal de los territorios de las comunidades nativas ubicadas en su jurisdicción.
En la mesa de diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas ubicadas en la cuenca del río Tigre, Loreto, se acordó que el gobierno regional, a través de la Dirección Regional Agraria y la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, iniciará el 3 de agosto las acciones de titulación o ampliación de las áreas en posesión de las comunidades nativas en un plazo de 30 días.
Por su parte, el Estado se comprometió a hacer el máximo esfuerzo para presentar antes del 29 de agosto (fecha en que vence el contrato del lote) una propuesta normativa orientada a garantizar los derechos de las comunidades nativas que se encuentran en posesión de tierras en el marco de los procedimientos de servidumbre en las actividades de hidrocarburos.
Cabe señalar que la servidumbre es un tipo de derecho de uso que puede otorgarse al futuro operador del lote por el empleo de las tierras de las comunidades.
La directora de Consulta Previa, Angela Acevedo convocó a la representación del Estado a elaborar de forma conjunta la redacción del compromiso establecido con los representantes kichwas.
“La labor del Ministerio de Cultura es lograr que todos los sectores y niveles del Estado dialoguen entre sí para alcanzar propuestas en beneficio de los derechos de los pueblos indígenas”, señaló.
El acuerdo fue firmado por el vicegobernador regional de Loreto, Pedro Portocarrero, y representantes de los ministerios de Cultura y de Energía y Minas.
La reunión forma parte del diálogo de la sexta etapa del proceso de consulta previa y continuará en el auditorio del Gobierno Regional con el acompañamiento de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Defensoría del Pueblo.
Fuente: Andina
