MINERÍA. No habrá retrocesos con la formalización minera, según ministra de Ambiente. El Nuevo Proceso de Formalización Minera Integral, es una herramienta multisectorial trabajada por distintas carteras. Al respecto, la titular del Ministerio del Ambiente, Elsa Galarza, precisó los detalles, cuyo objetivo, aseguró, no contempla indulgencias contra la minería ilegal ni informal.
Mediante una exclusiva con el Diario La República, Galarza mencionó que las críticas hacia su sector no tienen validez, pues “no se ha flexibilizado la formalización de la minería artesanal ni el control de la minería ilegal”.
Así, el mecanismo elimina las trabas burocráticas para facilitar el proceso de formalización sin atentar contra la función supervisora y fiscalizadora de la autoridad competente. “Tenemos toda la simplificación administrativa que es importante en materia ambiental porque reduce los costos de las empresas, sin que esto signifique una disminución de los estándares de la calidad”.
Además, agregó que la norma fortalece las sanciones ejecutadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. “La minería ilegal será tratado bajo un régimen de crimen organizado, eso significa que los procedimientos que se van a utilizar allí van a permitir llegar a todos los financiadores de esas actividades”.
Igualmente, añadió que los funcionarios estatales deberán que otorgar las facilidades para la formalización, en caso contrario, serán sancionados administrativamente por el órgano rector. “El funcionario público tendrá responsabilidad si no cumple su función. Muchos de los que se quejaban en el proceso anterior, era que no podían continuar con el procedimiento porque los entes competentes o gobiernos regionales no daban las facilidades”.
Para finalizar, precisó que el proceso durará tres años, en el que simultáneamente evaluarán los avances y corregirán errores para reconvertir, como mínimo, al 50% de mineros informales.
Tambopata
Según Galarza, en seis meses de su gestión, se logró recuperar 500 hectáreas de aproximadamente 700 hectáreas de la Reserva Nacional de Tambopata, invadidas anteriormente por la minería ilegal.
“La minería ilegal sigue siendo ilegal conforme lo era en el decreto 1100, es decir, no es posible minería en áreas naturales protegidas y en cuerpos de agua”, remarcó.
Por ello, consideró importante las acciones desplegadas por la Marina de Guerra y la Fiscalía Ambiental para contrarrestar el avance de las actividades clandestinas que afecten áreas reservadas.
Inversiones amigables con el ambiente
Para reducir los pasivos ambientales de proyectos de gran envergadura, Elsa Galarza sostuvo que trabaja coordinadamente con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En ese sentido, indicó que se han trasladado al Senace los proyectos en minería, hidrocarburos y transportes. “No queremos los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) enciclopédicos, sino los analíticos, los que vayan realmente a los temas importantes que justamente buscan evitar el daño ambiental”.
Sobre la OEFA, manifestó que realizarán estudios técnicos en las zonas cercanas a los proyectos para informar con antelación y prevenir futuros conflictos. “Vamos a hacer una caracterización del estado del suelo, aire y agua. Esto ayudará bastante a la población a reconocer cuál es la situación de calidad de su propio ecosistema, independientemente venga o no venga inversión”.
(Foto referencial)
(JPC)
