Reactivación económica empezaría con minería y restaurantes

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Tras priorizar los esfuerzos en salud, el gobierno ahora piensa en la atención económica − paralizada hace 60 días por el Covid-19−, dándole cierto oxígeno mediante la reactivación de algunos sectores, de forma gradual y bajo ciertos criterios, a partir del 4 de mayo próximo.

Las empresas formales que tendrán un nuevo inicio serán aquellas con un aporte fuerte en la economía, una masa laboral importante, y donde existan condiciones para que el distanciamiento social (de un metro entre cada trabajador) pueda aplicarse. En esa línea, se supo que el Ejecutivo evalúa el pronto reinicio de la pesca industrial −que aporta a casi 1 punto del PBI−, cuya campaña empieza en mayo.

Asimismo, se ampliarían las actividades de la minería −que representa el 14% de la estructura económica, y que −como se recuerda− sus operaciones quedaron limitadas (en algunos casos) tras el inicio del aislamiento social. Al respecto, se supo que de los 32 centros mineros en el país, se comenzaría a reactivar 14 de ellos.

Del mismo modo, la agroindustria también será uno de los beneficiados, al generarse en zonas geográficas específicas, para la cual ya se estarían trabajando los protocolos de seguridad y salud.

Restaurantes y delivery

En tanto, la ministra de la Producción, Rocío Barrios, confirmó otras actividades que están contempladas en la primera línea de reactivación. Estas serían: producción de abonos y nutrientes para la agroindustria, producción de envases de vidrio, cajas de cartón, empaques, metalmecánica (usada por ejemplo en camas para hospitales), así como el comercio electrónico (e-commerce), pero solo para aquellas con atención con delivery formalizado.

Pero también los restaurantes tendrán oportunidad de operar a puertas cerradas y bajo ciertas condiciones. La titular de Produce explicó que existen 220 mil restaurantes formalizados a nivel nacional (que representan al 20% del total de puntos de venta de comida que hay en el país), pero solo una parte de ellos podrá retomar sus actividades. Pues antes se tendrá que evaluar el nivel de riesgo de contagio por localidad o región, así como el número de trabajadores que emplean.

“Lo que se autoriza es el funcionamiento de restaurantes y afines que puedan hacer reparto a domicilio, o para que pueda recogerse en tienda”, indicó Barrios en una entrevista en un medio local, para luego señalar que en esta etapa −por el momento− se descarta a los operadores como Glovo o Rappi. ¿Por qué?

“Glovo y Rappi no aplican en esta etapa. Las aplicaciones de delivery no tienen regulación (…) hay algunas restricciones que debemos tener. En las modalidades que no tienen regulación, ¿quién nos garantiza el cumplimiento de los protocolos (de seguridad)?, si al momento se quiebra. ¿A quién sancionamos si funcionalmente no tienen institución en el país”, explicó.

Aclaró que próximamente podrían iniciar actividades, dejando entrever que se solicitará que los repartidores cuenten con seguro de vida.

En ese sentido, Jose Bernal, gerente general de Rappi Perú, dijo a La República que “ya cuentan con un protocolo implementado para el futuro reparto”, el cual consiste −entre otros− “en una póliza de seguros durante las órdenes (pedidos), y en el caso de que alguno de los repartidores registrados en la aplicación llegara a dar positivo al virus, cubrimos a esta persona con 14 días de ingresos para que pueda pasar tiempo aislado y teniendo la recuperación debida”, señaló. Aunque aclaró que “los repartidores no son trabajadores de Rappi”, pues el modelo de negocio está en función al uso de la app.

Informalidad y trabajo

Se debe recordar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la conformación de una comisión integrada por un representante de la academia, medios de comunicación, empresas (representadas por Miguel Vega Alvear, expresidente de la Confiep), así como de trabajadores (liderados por la CGTP), con la finalidad de evaluar las actividades que seguirían en el plan de la reactivación económica.

Al respecto, Julio César Bazán, de la Central Única de Trabajadores (CUT), solicitó al Ejecutivo contemplar −en las decisiones− los derechos laborales en el marco del reinicio de las actividades, “sobre todo, en aquellas actividades que terciarizan servicios y, por lo cual, no protegen a sus trabajadores y los podrían exponer a un posible contagio”, anotó.

Por otro lado, la ministra Barrios informó que en un “máximo de dos semanas anunciaremos las medidas para el sector informal e independiente, para que justamente podamos atraerlos a nuestro equipo (formal) y seguir peleando juntos”, declaró en entrevista con RPP.

Dichas medidas contemplarían “incentivos”, como acceder a programas de financiamiento, como el FAE Mype.

Cabe indicar que el 64% de la fuerza económica, es decir, más de 12 millones 256 mil personas trabajan en el sector informal y que, “al día de hoy, han dejado de percibir ingresos debido a la emergencia sanitaria”, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

*foto referencial

(BQO)

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