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Víctor Burga: “Aún no se terminan de eliminar los trámites burocráticos para iniciar una actividad minera”

Pese a los avances registrados en el desenvolvimiento de la actividad minera en del país durante el 2017, hay aún una larga lista de tareas pendientes –que deben asumir tanto el gobierno como las empresas– con el fin de aprovechar a plenitud las favorables perspectivas que proyectan para el sector a corto y mediano plazo. Víctor Burga, Socio de Auditoría de EY Perú y reconocido analista de la actividad, las enumera con detalle en la presente entrevista.

Como balance del desenvolvimiento de la actividad minera del país para este año, ¿qué hechos señalaría como los positivos?

Entre los positivos anotaría, primero, la clara predisposición del gobierno para impulsar los proyectos mineros para generar un mayor crecimiento del país. Es el caso de la licitación del proyecto Michiquillay, cuya inversión estimada es de US$ 2,000 millones.

En segundo lugar, señalaría a la emisión del Nuevo Reglamento de Exploraciones Mineras, cuyo objetivo es incentivar las exploraciones mineras y así poder captar el 8% de las inversiones globales en exploración en el 2021 y, con el fruto de estas exploraciones, alcanzar una producción de cobre de 3 millones de TM por año.

A ellos sumaría la creación del Viceministerio de Gobierno Territorial en marzo de 2017, encargado del diálogo y resolución de conflictos. Este órgano es el más importante después de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

¿Y cuáles serían los negativos?

Que aún existen zonas en el país donde la minería no es bien recibida –Cajamarca, por ejemplo– y que se está haciendo muy poco para que no exista esa predisposición negativa hacia esta actividad.

Por otro lado, los niveles de inversión en minería son bajos comparados con años anteriores. En el año 2017, la inversión minera alcanzaría los US$3,800 millones, en comparación de picos de US$9,500 millones de hace varios años atrás.

Otro hecho es que aún no se terminan de eliminar los trámites burocráticos vigentes para iniciar una actividad minera, los cuales hacen muy engorroso invertir y genera desánimo en el inversionista, sobre todo extranjero.

El en ámbito normativo, además del Nuevo Reglamento de Exploraciones, ¿qué otras medidas implementadas por el gobierno podría destacar?

La creación del Viceministerio de Gobierno Territorial, a la que sumaría la intención del gobierno de acelerar el “Adelanto social” para mejorar la aceptación social de los proyectos mineros. De alguna manera, esto deberá disminuir las altas expectativas de las comunidades en los primeros años de operación de las empresas mineras.

En su opinión, ¿qué otras acciones complementarias se requieren adoptar para atraer más inversiones en el sector minero del país?

Aún se requiere trabajar más en la reducción de las trabas burocráticas (tramitología), así como fortalecer en sentido de autoridad ante desmanes y ataques contra la inversión privada para que no prevalezca la impunidad. Muchas veces, la propiedad privada es atacada y no se ven las consecuencias de estas acciones. Esto se hace necesario.

Complementariamente, es importante brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas, sobre todo en el ámbito tributario donde las interpretaciones de la autoridad tributaria salen de la lógica de un inversionista que actúa de buena fe.

Por lo demás, se necesita mejorar la infraestructura: carreteras, puertos, vías férreas, electricidad, agua, entre otras obras. El déficit de inversión en el Perú es de aproximadamente US$ 160,000 millones y el hecho de que los inversionistas tengan que crear su propia infraestructura encarece las inversiones mineras y las desincentiva.

Tras lo conseguido en los dos años anteriores respecto a la puesta en marcha de grandes proyectos, la sensación que está dejando este año es la de estancamiento en la materialización de otros nuevos. ¿Qué balance haría al respecto?

Efectivamente, ya no tenemos grandes proyectos actualmente en desarrollo. Sin embargo, tenemos dos proyectos de relativa importancia: (a) el proyecto Quellaveco, que empezaría a desarrollarse a partir del año 2019, con una inversión estimada de US$6,000 millones, y (b) el proyecto de Michiquillay, que debería empezar a desarrollarse durante el año 2018, con una inversión es de US$2,000 millones. Estos son dos proyectos que merecen impulsarse e incentivarse.

No obstante, en la medida que manejemos mejor la conflictividad social y que empiecen a mejorar los precios de los metales, podremos ver más inversión minera en el Perú, lo cual ayudará a identificar proyectos mineros de clase mundial. Recordemos que la mayor parte de nuestro territorio nacional aún no ha sido explorado o ha sido escasamente explorado.

A diferencia de los años anteriores, la tendencia al alza que vienen registrando los precios internacionales de los minerales ha generado un escenario favorable para el sector que se está reflejando en los resultados financieros y de producción de las empresas. Sobre la base de la experiencia que dejó el último boom que experimentó la industria, ¿qué deben hacer las empresas y el gobierno para aprovechar este entorno y darle sostenibilidad a sus acciones hacia el futuro?

Seguir trabajando en un manejo responsable y eficiente de sus costos a fin de crear sostenibilidad del negocio y generar valor a largo plazo. En este sentido, las empresas mineras han aprendido las lecciones del pasado y no están produciendo a cualquier costo.

Es imprescindible, además, que las empresas continúen con las exploraciones pues esto es lo que les va a dar sostenibilidad en el futuro, sobre todo, en búsqueda de cobre y oro. En este último caso, las reservas de oro se vienen agotando año tras año y no se han identificado grandes proyectos que mitiguen esta situación.

Por otro lado, es necesario que se anticipen los conflictos sociales. Estos son la principal preocupación de los inversionistas. Cualquier paso que se dé en anticipar o solucionar los conflictos de manera rápida, estará ayudando a generar una mejor imagen e incentivar las exploraciones mineras en el país.

Como consecuencia de ese entorno y la estructura del sector minero en el país, los más favorecidos han sido las operaciones y proyectos cupríferos. No obstante, hay quienes plantean que precisamente se debe aprovechar ese escenario para potenciar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de otros metales. ¿Qué opina al respecto?

Que es importante incentivar también el desarrollo de proyectos de oro. Año tras año, la producción de oro viene decayendo por el agotamiento de las reservas de oro y la dificultad para reponer dichas reservas con nuevas minas.

Por ejemplo, se espera que la producción de oro en el 2017 disminuya en 2% con respecto al año 2016 debido a las menores producciones de Barrick y Yanacocha. Si no se descubren nuevos yacimientos, el Perú dejará poco a poco de estar en el top 10 de los países productores de oro.

Entre los proyectos no relacionados con cobre, ¿con qué proyectos importantes cuenta el país?

En el rubro de hierro tenemos dos: la ampliación de Marcona, con una inversión estimada en US$ 1,500 millones y que iniciaría operaciones en diciembre de 2018; y Pampa de Pongo, con inversión estimada en US $2,000 millones y que empezaría a operar en el año 2022.

En cuanto a los de oro, tenemos el proyecto San Gabriel, cuya inversión sería de US$ 500 millones y que iniciaría sus operaciones en el año 2021.

En el plano internacional hay un intenso debate entre los analistas respecto a la tendencia que seguirá el precio del cobre a mediano y largo plazos. ¿Qué proyecta en perspectiva? 

El precio del cobre alcanzó picos debido a factores específicos de la industria, tales como la interrupción del suministro de algunas minas (por ejemplo, por una larga huelga en Chile y otra más corta en Perú), y una alta demanda de este metal soportada por un incremento significativo del consumo de China en relación con gasto de infraestructura en líneas de energía y vías férreas.

Por otro lado, existen opiniones de inversionistas de que se está reduciendo el inventario mundial de cobre debido a reducciones en la producción de cobre (bajas leyes, problemas económicos en algunas minas, entre otros factores. En este sentido, se espera que exista una mayor demanda en el futuro, lo cual hará que el precio de cobre tienda a subir. Sin embargo, esto es aún incierto.

Las expectativas del precio del cobre se fijan alrededor de US$5,989/TM para el 2017 y de US$5,928/TM para el 2018.

Frente a lo que se ha logrado avanzar en diversos aspectos en el sector, el tema de la conflictividad social sigue siendo uno de los problemas pendientes de solución. ¿Cuál es su evaluación respecto a lo que se ha hecho y lo que se debe hacer para resolverlo?

En este plano, una buena noticia ha sido la creación del Viceministerio de Gobierno Territorial, que se encargará de gestionar el diálogo y la resolución de conflictos. Sin embargo, no basta con la creación de este órgano, sino que efectivamente funcione para anticipar y solucionar conflictos. Una muestra de esto es el elevado número de conflictos en el país y en el sector minero.

En paralelo, sin embargo, las empresas mineras deben aprender a comunicarse más y mejor con las comunidades a fin de establecer una empatía que les permita explorar, desarrollar y explotar los yacimientos mineros sin problemas mayores.

Por otro lado, creo que el gobierno debería tener una participación mayor, de la mano con los inversionistas, para efectuar una labor de acercamiento con las comunidades. El gobierno debe entender que el éxito de las empresas mineras es el éxito del gobierno y del país, y no debe dejar a su suerte a las empresas privadas.

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