A inicios de 2020, fiscales de Minas Gerais acusaron al expresidente ejecutivo de Vale, Fabio Schvartsman, y a otras 15 personas por desastre de represa.
Reuters.- La brasileña Vale gastaría unos US$ 1,530 millones (7.800 millones de reales) este año en reparaciones relacionadas con el colapso mortal de una represa de relaves en la ciudad minera de Brumadinho.
Un ejecutivo declaró a Reuters que el plan de gastos llega el mismo día en que la Corte Suprema de Brasil ordenó a los tribunales inferiores.
La orden es comenzar a procesar de inmediato una demanda que tiene como objetivo establecer quién fue responsable del desastre de casi cuatro años.
Además, se precisó una fecha límite legal que se acerca rápidamente.
Reparaciones
Marcelo Klein, jefe de reparaciones y desarrollo territorial de Vale, dijo que 3.900 millones de reales del plan de gastos se aplicarán a un acuerdo alcanzado con las autoridades.
Mientras que 1.900 millones se destinarán a proyectos propios de la minera .
Los dos mil millones restantes se gastarán en manejo de relaves, monitoreo, renovación y mantenimiento de infraestructura, estudios y desarrollo de proyectos.
“Podemos ver claramente una desaceleración en el pago de las reparaciones “, dijo, describiendo el ritmo más lento como normal dado el tiempo que ha pasado desde el incidente.
Los desembolsos el año pasado totalizaron alrededor de 10.200 millones de reales.
Otros puntos
Los comentarios de Klein siguen a un fallo de la presidenta del Tribunal Supremo, Rosa Weber, que ordena que se lleve a cabo una demanda que investigue a los responsables del desastre.
“Había un riesgo inminente de que el estatuto de limitaciones expirara para todos los cargos cuya pena máxima no supere los dos años”, comunicó el tribunal.
A principios de 2020, los fiscales del estado de Minas Gerais acusaron al expresidente ejecutivo de Vale, Fabio Schvartsman, y a otras 15 personas de homicidio por el desastre de la represa.
Pero más tarde ese año, un tribunal dictaminó que el caso debería proceder a través de tribunales federales más lentos en lugar de tribunales estatales, una decisión confirmada por la Corte Suprema.