El Ministerio de Hacienda de Colombia propone un incremento del 150 % en la tarifa de retención en la fuente aplicada a la exportación del metal precioso.
A pesar del auge en el precio internacional del oro, que recientemente tocó un récord de US$3.500 por onza, el sector exportador colombiano podría enfrentar un duro golpe. El motivo: un proyecto de decreto que propone elevar la retención en la fuente de 1% a 2,5% para las compras de oro realizadas por Sociedades de Comercialización Internacional (C.I.). La medida, que busca incrementar la recaudación fiscal, podría tener el efecto contrario, según expertos y gremios, al desincentivar la venta formal de oro y fomentar la informalidad y el contrabando.
Actualmente, un minero que opera formalmente ya afronta una carga efectiva del 5% entre regalías y retención. El nuevo esquema llevaría este peso tributario a 11%, al sumarse una autorretención de 4.5% para la actividad extractiva (CIIU 0722). Para el segmento de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), esta presión es considerada insostenible. Los expertos advierten que, con esa carga, hasta un 90% de las 40 toneladas anuales de oro con potencial de formalización se desviaría al mercado informal.
Javier Díaz Molina, presidente de Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), calificó la medida como contraproducente. “Las consecuencias previsibles son menos formalidad, potencial menor recaudo y mayor inseguridad. Lejos de fortalecer las finanzas públicas, generaría un efecto inverso”, advirtió. Según cifras de la Dian analizadas por Analdex, entre enero y febrero de 2025 las exportaciones de oro sumaron US$649 millones, con un incremento del 31,6%. La medida pondría en riesgo esta dinámica.
Los impactos fiscales serían significativos. Un cálculo preliminar estima que con una carga del 11%, pero aplicada solo al 10% del oro actualmente formalizado, el recaudo caería de US$225 millones a apenas US$50 millones anuales. El solo desvío del 55% del oro MAPE al contrabando bastaría para anular cualquier ganancia fiscal neta. Patrick Schein, presidente de la comercializadora Gold by Gold, fue tajante: “Con un solo decreto, se puede poner en riesgo la formalidad del sector y reducir significativamente los ingresos fiscales”.
Más allá del golpe económico, el impacto en la seguridad sería aún más grave. Con más oro fuera del radar estatal, aumentaría el financiamiento de grupos armados ilegales que controlan rutas y producción en zonas clave. Gina D’Amato, directora de la Fundación Alianza por la Minería Responsable, alertó que esto eliminaría oportunidades de ingreso digno para los pequeños mineros y destruiría cualquier posibilidad de trazabilidad o buenas prácticas. La medida, coinciden diversos actores, podría abrir la puerta a una nueva crisis en el sector aurífero colombiano.
