MINERÍA. Ares reanudará actividades en mina Pallancata este miércoles. Desde el 15 de diciembre pasado, la empresa Ares suspendió las operaciones en la mina Pallancata (Ayacucho), por manifestaciones locales que exigían la renegociación de los pagos por uso de tierras. Así, tuvo que pasar más de un mes para que la compañía del grupo Hochschild Mining, mediante la ONDS, resolviera un acuerdo con las comunidades y volviera a la actividad extractiva.

Tras los esfuerzos de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), adjunta a la PCM, se logró viabilizar un acuerdo integral entre la comunidad campesina de Pallancata, ubicado en el distrito Coronel Castañeda de la provincia de Parinachochas en Ayacucho, y la empresa minera Ares SAC, que permitirá el desarrollo sostenible en esta zona altoandina del país.

“(El acuerdo) es el resultado de un proceso de diálogo sincero y transparente, que evidencia la transformación de los conflictos sociales en oportunidad de desarrollo”, sintetizó el jefe de la ONDS, Rolando Luque Mogrovejo.

Mediante la suscripción del acta, Ares se compromete a contribuir con proyectos de desarrollo a favor de la comunidad para mejorar la calidad de la población y convivencia social entre ambas partes.

Este proceso de negociación, iniciado el pasado mes de diciembre, permitió que las partes ponderen la vía del diálogo como el mejor mecanismo para resolver sus diferencias, el cual permitió el desbloqueo de la vías de acceso a la unidad minera y el reinicio de las operaciones el miércoles 25 de enero.

Por último, Hochschild Mining –que opera en Perú, Chile y Argentina–, dijo que las previsiones de costos y producción del 2016 de Pallancata no fueron afectados por la suspensión temporal de la producción.

(Foto referencial)

(JPC)

MINERÍA. No habrá retrocesos con la formalización minera, según ministra de Ambiente. El Nuevo Proceso de Formalización Minera Integral, es una herramienta multisectorial trabajada por distintas carteras. Al respecto, la titular del Ministerio del Ambiente, Elsa Galarza, precisó los detalles, cuyo objetivo, aseguró, no contempla indulgencias contra la minería ilegal ni informal.

Mediante una exclusiva con el Diario La República, Galarza mencionó que las críticas hacia su sector no tienen validez, pues “no se ha flexibilizado la formalización de la minería artesanal ni el control de la minería ilegal”.

Así, el mecanismo elimina las trabas burocráticas para facilitar el proceso de formalización sin atentar contra la función supervisora y fiscalizadora de la autoridad competente. “Tenemos toda la simplificación administrativa que es importante en materia ambiental porque reduce los costos de las empresas, sin que esto signifique una disminución de los estándares de la calidad”.

Además, agregó que la norma fortalece las sanciones ejecutadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. “La minería ilegal será tratado bajo un régimen de crimen organizado, eso significa que los procedimientos que se van a utilizar allí van a permitir llegar a todos los financiadores de esas actividades”.

Igualmente, añadió que los funcionarios estatales deberán que otorgar las facilidades para la formalización, en caso contrario, serán sancionados administrativamente por el órgano rector. “El funcionario público tendrá responsabilidad si no cumple su función. Muchos de los que se quejaban en el proceso anterior, era que no podían continuar con el procedimiento porque los entes competentes o gobiernos regionales no daban las facilidades”.

Para finalizar, precisó que el proceso durará tres años, en el que simultáneamente evaluarán los avances y corregirán errores para reconvertir, como mínimo, al 50% de mineros informales.

Tambopata

Según Galarza, en seis meses de su gestión, se logró recuperar 500 hectáreas de aproximadamente 700 hectáreas de la Reserva Nacional de Tambopata, invadidas anteriormente por la minería ilegal.

“La minería ilegal sigue siendo ilegal conforme lo era en el decreto 1100, es decir, no es posible minería en áreas naturales protegidas y en cuerpos de agua”, remarcó.

Por ello, consideró importante las acciones desplegadas por la Marina de Guerra y la Fiscalía Ambiental para contrarrestar el avance de las actividades clandestinas que afecten áreas reservadas.

Inversiones amigables con el ambiente

Para reducir los pasivos ambientales de proyectos de gran envergadura, Elsa Galarza sostuvo que trabaja coordinadamente con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

En ese sentido, indicó que se han trasladado al Senace los proyectos en minería, hidrocarburos y transportes. “No queremos los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) enciclopédicos, sino los analíticos, los que vayan realmente a los temas importantes que justamente buscan evitar el daño ambiental”.

Sobre la OEFA, manifestó que realizarán estudios técnicos en las zonas cercanas a los proyectos para informar con antelación y prevenir futuros conflictos. “Vamos a hacer una caracterización del estado del suelo, aire y agua. Esto ayudará bastante a la población a reconocer cuál es la situación de calidad de su propio ecosistema, independientemente venga o no venga inversión”.

(Foto referencial)

(JPC)

MINERÍA. Gobierno Regional de Arequipa logra consenso para desarrollar proyecto Tambomayo. El Gobierno Regional de Arequipa contribuyó al consenso alcanzado por la población del distrito de Tapay, en la provincia de Caylloma, y la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A, para el inicio de operaciones en su jurisdicción para extraer oro y plata durante los próximos años, con una inversión de 362 millones de dólares.

A través de la Oficina de Prevención de Conflictos, el Gobierno Regional de Arequipa sentó un precedente a nivel nacional al asumir el rol de mediador entre el inversionista y la comunidad que inicialmente no llegaban a acuerdos para el inicio de las operaciones. El Grupo Buenaventura invertirá 362 millones de dólares en el desarrollo del proyecto Tambomayo. Así lo informó Andina.

El proceso inició con la instalación de la Mesa de Desarrollo del distrito de Tapay el 2015, que además estuvo presidida por representantes del gobierno regional e integrada por más de 15 actores del sector público y privado.

“Se emitió la Resolución Ejecutiva Regional N° 553-2016-GRA para formalizar la mesa de desarrollo como mecanismo de participación ciudadana para promover el diálogo y concertación en temas sociales y ambientales, entre diversos actores, para contribuir al desarrollo del distrito con el proyecto de inversión”, refirió el jefe de la Oficina de Prevención de Conflictos, César Huamantuma Alarcón.

Finalmente, el 11 de enero, se emitió una nueva resolución (Resolución Ejecutiva Regional N° 015-2017-GRA) que da por iniciada la fase de seguimiento y monitoreo de los acuerdos de la mesa de desarrollo suscritos en escrituras públicas entre las autoridades locales, representantes de la sociedad civil y la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Si bien el Gobierno Regional no tiene competencia para abordar los temas de mediana minería, como en este caso, sin embargo, a pedido de las autoridades de la zona y la empresa se logró intervenir para llegar a acuerdos concertados que permitan el progreso de Tapay con el desarrollo de minería responsable.

“La minería responsable y la predisposición al diálogo parecen ser la fórmula para lograr resultados positivos en un proceso de negociación, el gobierno no puede estar parcializado con alguna de las partes,sino actuar como mediadores. Ahora trabajaremos para que se cumplan todos los acuerdos”, remarcó Huamantuma Alarcón.

Durante el proceso se realizó una decena de reuniones entre los actores para dar solución a diferentes peticiones, principalmente garantizar el recurso hídrico para que la población continúe desarrollando la actividad agrícola con una propuesta técnica viable.

Los acuerdos a los que se arribaron en la mesa de trabajo fueron formalizados en dos escrituras públicas. La primera que garantiza el desarrollo de un proyecto para el abastecimiento de agua valorizado en 10 millones de soles.

La segunda para asegurar la inversión social en los sectores salud, educación, transporte, desarrollo de proyectos productivos, entre otros. Además de la generación de empleo en la zona y contratación de proveedores de lugar para contar con algunos servicios.

(BQO)