AMBIENTAL. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) promueve la subsanación voluntaria de las infracciones al medioambiente y privilegia las acciones de prevención y de remediación, más que la imposición de multas, aseguró su presidente, Hugo Gómez.

Detalló que esas son las características del nuevo enfoque del trabajo de fiscalización ambiental que el OEFA ha puesto en marcha, sin que ello signifique un descuido del rol fiscalizador y de supervisión de este organismo o una “mano blanda” en el desarrollo de esas funciones.

“Consideramos importante promover la subsanación voluntaria de los hallazgos de menor trascendencia, es decir, que el propio administrado que comete la infracción la subsane y así evite un procedimiento sancionador”, refirió a la Agencia Andina.

Según explicó, ese enfoque se enmarca en la Ley 30230, cuyo artículo 19° hace hincapié en que el OEFA privilegie las acciones y medidas correctivas por sobre el aspecto meramente punitivo, salvo cuando se trate de infracciones muy graves o críticas.

Indició que se incurre en estos últimos hechos cuando, por ejemplo, una actividad genera un severo daño al ambiente y se realiza en zonas prohibidas. Además, constituye infracción crítica cuando el administrado reincide en la falta en un periodo de seis meses o cuando carece de instrumentos de gestión ambiental.

De acuerdo con información de OEFA, de enero de 2011 a marzo de 2015 se impuso 2,366 multas por infracciones ambientales, siendo las más recurrentes el incumplimiento de los límites máximos permisibles en efluentes (24%) e incumplimiento del instrumento de gestión ambiental (21%).

“El régimen especial (de subsanación) no se aplica a las infracciones muy graves, pero para el resto de supuestos sí se le da oportunidad al administrado a que subsane la infracción, dictando una medida correctiva y, solo si la incumple, viene la sanción”, apuntó Gómez.

Señaló, en ese sentido, que la imposición de multas “es la última instancia”, pues la idea es propiciar que para las infracciones significativas (no críticas) y moderadas haya la oportunidad de subsanarlas, mientras que en los casos de mayor gravedad –enfatizó- no se aplica esta opción.

“Lo que la población, la comunidad campesina o la comunidad indígena quieren es que el ambiente esté restaurado. Si había contaminación, que esté limpio el río, el bosque o el humedal; tener un ambiente sano y equilibrado y que la población goce de ese ambiente”, subrayó.

Por esa razón, grandes esfuerzos del OEFA van enfocados a la reparación y rehabilitación ante un daño al ambiente o, en el peor de los casos, a propiciar que se compense el bien ambiental por otro, si es que la afectación ocasionada resulta irreversible.

De acuerdo con su explicación, el artículo 12° de la norma 30230 establece un régimen especial para las multas, el cual señala que estas, en principio, van al tesoro público, salvo que por ley tengan un destino específico; pero no pueden ser usadas para financiar la fiscalización ambiental.

Incentivos
A este enfoque se suman dos instrumentos promovidos por el OEFA: el Registro de Buenas Prácticas Ambientales y el Régimen de Incentivos.

El primero de ellos, describió Gómez, inscribe en este registro a aquellas empresas cuyas unidades fiscalizables han sido supervisadas y no se ha encontrado hallazgo alguno de infracción, lo que es bueno para la entidad porque le “jactarse de que cumple la normativa”.

“En cambio, el régimen de incentivos busca el sobrecumplimiento, es decir, que la empresa vaya más allá de la normativa. Por ejemplo, si la obligación ambiental era limpiar una laguna en cinco años y se hizo en dos, eso es muy positivo”, expresó el titular del organismo fiscalizador.

Puntualizó, en esa línea, que el OEFA ha logrado un equilibrio entre una mayor prevención y una firme función de fiscalización ambiental.

“OEFA se mantiene firme. El Gobierno no quiere incentivar el incumplimiento, sino promover la subsanación voluntaria. ‘Quiero que remedies para no iniciar un procedimiento sancionador, pero si no lo remedias, tengo herramientas para disuadir’”, añadió.

Fuente: Andina

RSE.  La empresa Odebrecht, a cargo de la construcción del Gasoducto Sur Peruano y SENATI, institución que tiene como fin dar formación profesional en diferentes rubros de la industria, se ha unido para capacitar a jóvenes profesionales de la ingeniería, en Inspección de Ductos.

“Cuando llegamos a la región, vimos que existían técnicos y profesionales especializados en distintas áreas de la ingeniería, más no en Inspección de Ductos con las características que necesitábamos, y como entre nuestros objetivos está incorporar profesionales y técnicos de la región Cusco a los trabajos del Gasoducto, decidimos capacitar jóvenes emprendedores”, señala el Ingeniero Joao Nunes, gerente de Gestión de Calidad en las obras del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Los mejores alumnos de esta promoción trabajarán en el GSP inspeccionando la obra, y los otros contarán con un certificado a nombre de SENATI y el programa de capacitación CREER, de la empresa Odebrecht, que les permitirá ampliar su CV y sus posibilidades de incorporarse en mejor posición al mundo laboral.

La identificación y selección de los alumnos para el taller estuvo a cargo de SENATI -Cusco, y consistió en una evaluación psicotécnica y teórica.Los 25 alumnos seleccionados empezaron clases el pasado 8 de junio y concluirán el curso el 3 de julio de 2016.

Los estudiantes conocerán lo que es una obra de ductos, y luego todos los detalles relativos a su inspección, para lograr los más altos estándares de calidad, pues el Inspector de ductos es el responsable de hacer la emisión de los reportes de inspección de las fases constructivas del gasoducto, desde los trabajos iniciales en el derecho de vía, hasta las pruebas hidrostáticas que realizan una vez construido el gasoducto, antes que empiece a transportar gas.