Del 2010 al 2019, se deforestaron 169 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios, un área equivalente a 206 mil campos de fútbol. Además, la actividad genera diversos problemas sociales y crímenes como la explotación laboral y sexual.
Rumbo Minero desarrolló una nueva encuesta a través de su cuenta oficial de Twitter, @rumbominero. La última pregunta planteada en dicha red social fue “¿Aprueba o desaprueba el desempeño del Gobierno en la erradicación de la minería ilegal?”
Así, el 86.3% de los participantes respondió que desaprueba lo que viene realizando la actual gestión, al mando del presidente Pedro Castillo, en esta problemática; mientras que el 13.7% tiene una respuesta contraria.
Las consecuencias de la minería ilegal trascienden las fronteras de los valores al alterar la vida en los aspectos sociales, culturales y ambientales.
Así, por ejemplo, tenemos el lamentable caso del río Cenepa, en la selva peruana, donde mientras la subsistencia awajún depende del control del territorio y sus recursos naturales, la cultura del extractivismo ilegal, impuesta por agentes externos y facilitada por la inacción del Estado, afecta al autogobierno de los lugareños. La comunidad no cuenta con los recursos apropiados para afrontar la situación ni con la logística para hacer eficiente la vigilancia ni la capacidad de movilización para proteger al río.
Para la economista Paola Herrera de la Red de Comunicación Regional – RCR, en los últimos años, la minería ilegal se ha reducido en Madre de Dios. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la producción de oro en la región disminuyó en 84% entre enero de 2019 y enero de 2022. Esta caída se debería principalmente a la Operación Mercurio, un operativo policial y militar iniciado en 2019 con el objetivo de erradicar la minería ilegal en la región.
Sin embargo, según un estudio de la Unión Americana de Geofísica, actualmente se estarían abriendo nuevos centros de explotación de oro. Incluso, se estima que los niveles de minería ilegal podrían superar el nivel previo a la intervención policial.
Además, en palabras de la experta, “el programa de Registro Integral de Formalización Minera no funciona como se esperaba”. Según un informe de la Organización de Estados Americanos, pese a que más de 90 mil mineros a nivel nacional han iniciado el proceso para formalizarse, solo el 2% lo ha completado. El estudio señala que las continuas prórrogas al plazo de registro terminan beneficiando a los mineros ilegales, debido a que al acogerse a este Registro ya no deben afrontar procesos judiciales, aunque no hayan completado el proceso de formalización.
“La reactivación de la minería ilegal representa un enorme riesgo ambiental. Del 2010 al 2019, se deforestaron 169 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios, un área equivalente a 206 mil campos de fútbol. Además, la actividad genera diversos problemas sociales y crímenes como la explotación laboral y sexual”, lamentó Herrera.
Comentarios
Uno de los comentarios de los encuestados que más llamó la atención fue que “el gobierno de la victimización es complaciente con la minería ilegal. Busca su apoyo para formar bases políticas lumpen”.
Asimismo, “desaprueba, no sabe donde esta parado, quiere desaparecer la gran minería”.
