El Ministerio Público Federal de Brasil envió el último martes 8 de junio a diversos órganos públicos y privados del país un listado de medidas que cada uno tiene que adoptar para impedir la comercialización de oro extraído ilegalmente de las reservas indígenas, principalmente en la Amazonía.
Las medidas recomendadas por la Procuraduría tienen por objetivo impedir que el oro extraído ilegalmente de las reservas obtenga alguna certificación que permita a sus explotadores ofrecerlo en el mercado interno o exportarlo.
“La facilidad con que se encubre el origen irregular del producto estimula una serie de violaciones que ponen en riesgo la vida de las poblaciones indígenas”, alertó el Ministerio Público.
Tal como se informó, la Procuraduría citó en su petición datos de un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) según los cuales unas 49 toneladas de oro extraídas ilegalmente fueron comercializadas en 2019 y 2020 en Brasil luego de que sus explotadores encubrieran su origen mediante diferentes artimañas.
De acuerdo con el estudio, ese «lavado» generó pérdidas socioambientales por 9.800 millones de reales (unos US$ 1,884.6 millones) para las áreas de las que fue extraído el metal. Entre tales pérdidas destacan las provocadas por la deforestación de 21,000 hectáreas de selva tropical en la Amazonía.
«Tanto entidades y órganos públicos como actores privados, vendedores y exportadores de oro estimulan conflictos en tierras indígenas, depredaciones, incendios y amenazas de muerte contra poblaciones vulnerables por su omisión deliberada bien sea para implementar los controles adecuadamente o bien sea por el no cumplimiento de las normas existentes”, aseguró la Procuraduría.
Por otro lado, EFE detalló que el Ministerio Público reveló que algunas de las reservas indígenas que más sufrieron deforestación fueron las áreas más afectadas por la violencia directa ejercida por mineros ilegales.
El organismo citó el caso de la reserva de la etnia Manduruku, que este año ha sufrido diversas invasiones, incendios de aldeas y hasta ataques de pistoleros por su oposición a la minería ilegal.
Tales ataques se produjeron pese a que una sentencia de la Corte Suprema y una decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instan al Estado a combatir la minería ilegal en las tierras de los Manduruku.
En la lista de recomendaciones enviada a la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio Público insta al regulador a adoptar medidas para impedir la falsificación de los certificados de origen del oro extraído ilegalmente y a instituir sistemas informatizados de certificación de origen y de rastreo del oro comercializado.
Además, al Banco Central se le recomendó la adopción de medidas para impedir que personas o empresas adquieran oro sin certificación de origen y la apertura de procesos administrativos sancionadores contra las personas que violen esta disposición.
El Ministerio Público recordó una sentencia dictada el pasado jueves por un tribunal superior que obliga a la Agencia Nacional de Minería a suspender todas las autorizaciones que ha concedido a diferentes empresas para que exploren o exploten minerales en las reservas de los indios Parakaná y Trocará o en áreas vecinas.
Actualmente es debatido en el Congreso un proyecto de ley propuesto por el presidente Jair Bolsonaro que establece que los indios, aunque seguirán siendo consultados, no tendrán poder de veto sobre proyectos de minería en sus reservas, pero serán indemnizados y tendrán participación en las ganancias.
Desde que asumió la Presidencia el 1 de enero de 2019, el líder ultraderechista ha defendido la explotación económica de la Amazonía y ha afirmado que no pretende crear nuevas reservas indígenas, pues considera una «exageración» que los pueblos originarios ya ocupen cerca del 14% de todo el territorio brasileño.
