INTERNACIONAL. En Argentina crece debate por central atómica comprada a China. Según investigaciones del diario Clarín, el despacho de Energía está alistando el contrato comercial para contratar a China para la construcción de la cuarta central nuclear, obra estimada en alrededor de US$7500 millones para la que se empleará la tecnología de uranio enriquecido, diferente a la que utilizó el país hasta el momento.
«Esta decisión, que consolidaría al país asiático como un socio de fuste, podría ser anunciada formalmente en la inminente de visita del presidente chino, Xi Jiping, a Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20 y promete animar un fuerte debate sobre sus implicancias científicas y económicas», informó el medio de comunicación.
Añadió que la intención de Javier Iguacel es que en ese evento se firme la carta de intención entre los dos gobiernos, iniciativa que lleva semanas de gestiones febriles en esta Capital y en Beijing, con avances concretos pero aún sin consenso cerrado dentro del propio ministerio de Hacienda.
Nicolás Dujovne necesita tener certeza de que la singular fórmula prevista para el financiamiento no comprometa el déficit 0.
Cristina Fernández de Kirchner había rubricado con aquel país un convenio marco que sólo oficiaba de paraguas inicial en el rubro. Luego, las conversaciones apuntaron a contratar bajo el sistema de llave en mano dos centrales por un monto total aproximado de US$14.500 millones. Una se construiría utilizando la tecnología CANDU, sobre la base del uranio natural, recurso que el país dispone. La segunda, en cambio, emplearía uranio enriquecido, insumo más costoso del que China es uno de los pocos proveedores mundiales, junto con Rusia y Estados Unidos.
El criterio para aquella doble contratación mixta fue que comprándoles a los chinos la tecnología que ellos quieren vender sería más sencillo conseguir financiamiento para la otra a través de créditos concesionales por el 85% del valor total del emprendimiento, con desembolsos “pari pasu” en relación con los que haga Argentina por el 15% restante. Pero las restricciones fiscales, entre otras, limitaron la contratación a sólo una.
En los primeros tramos de su gestión, el Gobierno puso énfasis en revisar en detallelos pactos suscriptos por sus antecesores con China y no tuvo apuro por cerrar ninguno. Así se abrió una instancia de frialdad aparente en el vínculo bilateral que, sin embargo, ahora la Casa Rosada tiene necesidad e interés en alimentar.
Si las avanzadas conversaciones se plasman en papel, la central a emplazar en territorio bonaerense sería contratada a la China National Nuclear Corporation (CNNC), firma estatal de primer orden, cuyo presidente es dirigente de alto rango del Partido Comunista. Sería financiada por un consorcio bancario liderado por el ICBC y el Eximbank, que aportará unos US$6500 millones a repagar en veinte años, con ocho de gracia y 4,5% por ciento de interés anual.
Otras condiciones sustantivas ya consensuadas son que el 40% de la obra será de integración local —entre obra civil, montaje y componentes— y que se reforzó el nivel de responsabilidad de la contratista china que, según un esquema preliminar de obligaciones, era difusa y acotada sólo al 1% del valor de contrato.
Pero el punto medular es que el préstamo se devolverá con la energía que genere la central. La obra estará a cargo de la estatal Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que tomará la deuda (con el aval del Tesoro) y la cancelará con la venta de la electricidad de la propia usina.
La deudora es NASA y al repago aportarán los usuarios de electricidad mediante la tarifa y no todos los contribuyentes como ocurriría si el préstamo hubiese sido otorgado a la Nación. Un cambio de esquema clave respecto al modelo de acuerdo que se había empezado a discutir con el gobierno anterior y que incidirá en los cuadros tarifarios eléctricos, pero dentro de al menos dos mandatos presidenciales.
Para la culminación de Atucha II y la prolongación de la vida útil de Embalse ya se instrumentó una modalidad de contratación diferente a la que prevé la obra pública convencional: NASA asume la ingeniería del proyecto y dispone de mayor libertad para elegir a sus proveedores, actuando como sociedad anónima.
Estas usinas utilizan como combustible al uranio natural y al agua pesada. Virar al uranio enriquecido implica abandonar parte del capital consolidado con esa experiencia. Pero a decir de los militantes nucleares del Gobierno, no sólo alinea al país con la tendencia más firme del mundo sino que ayudaría a desarrollar la tecnología del Carem25, un reactor de menor porte que el país está fabricando con miras a exportar a partir del 2022, cuando esté alistado el prototipo, y en el que se invierten $2.500 millones por año, según presupuesto.
Un ex funcionario del área nuclear aseguró al Económico que la tecnología china tiene atributos superadores respecto a la de otros países líderes, según coincidieron varios estudios que se hicieron en la órbita pública. Con la construcción de veintiocho centrales,Beijing se consolida como potencia y parece un proveedor confiable.
La nueva central con reactor Hualong One aportaría 1200 megas más al sistema eléctrico local, casi el doble que otra en base a uranio natural. Las dudas surgen en torno a cómo amortizar el alto costo que siempre tienen estos emprendimientos.
Para sus defensores, esa electricidad costaría alrededor de 70 dólares el mega, muy cerca del precio promedio mayorista actual. Pero a ese número sólo se arriba si se hiciera un cálculo de todos los costos e ingresos del sector nuclear en el que hay tres usinas ya amortizadas: es muy caro construir una usina, pero relativamente económico generar luego.
Más allá de la decisión oficial de erradicar subsidios y darles protagonismo a los privados en el rubro, el gobierno de Mauricio Macri descuenta que este es un renglón de inversiones que sólo puede ejecutar el Estado por su magnitud. Este concepto, así como la elección de un proveedor chino, establece un punto de contacto fuerte con la visión del kirchnerismo, que tuvo como prioridad estratégica tender un puente con el país asiático, segundo socio comercial y buen proveedor de financiamiento para infraestructura. Cancillería debería saber a cambio de qué.
(Foto propiedad del Clarín)
(TCP)
