El año pasado, casi el 50% del oro producido en el Perú provino de pequeños mineros, pero solo el 20% operaba formalmente.
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, pidió aprobar con la mayor celeridad posible la nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE), pues representa una oportunidad crucial para ordenar el sector y combatir la minería ilegal; no obstante, consideró crucial el trabajo del Estado a fin de garantizar su efectividad.
Fue durante el foro ‘Transitando hacia la formalización minera: Rompiendo barreras y creando un futuro sólido’, que contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, José Salardi Rodríguez; el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana Cavides; el viceministro de Minas, Henry Luna Córdova; el viceministro de Orden Interno, César Guardia Vásquez, entre otras autoridades.
Añadió que, si bien la Ley MAPE es importante, no es suficiente para reducir la minería informal, tal y como ocurre con el Reinfo.
“Se requieren 4 elementos: 1, un financiamiento adecuado destinado a la supervisión y control; 2, incentivos concretos que fomenten la formalización; 3, fortalecimiento técnico de los gobiernos regionales y; 4, regulación clara de los contratos entre concesionarios y mineros artesanales. Sin estos requisitos, cualquier intento será en vano», advirtió.
Estado fuerte
Si la norma es rechazada o mal ejecutada (Ley MAPE) –prosiguió–, la minería ilegal seguirá siendo un flagelo que corrompe la economía, la política y la sociedad en su conjunto. Resulta fundamental tomar acciones inmediatas con el propósito de que esta ley sea sostenible en el tiempo.
«La mayoría de mineros artesanales no son delincuentes, pero hay muchos que no desean formalizarse, y es ahí donde los verdaderos delincuentes se esconden bajo el manto de impunidad. Por ello, necesitamos un Estado fuerte que supervise, fiscalice y, sobre todo, coordine y ponga en marcha políticas que apuntalen a mejorar el sector. La voluntad y decisión política son claves», enfatizó.
Pérez Alván indicó que la minería es un pilar de la economía peruana, pues en los últimos 10 años representó el 20.8% de los impuestos recaudados por el fisco. Asimismo, las inversiones mineras superaron los US$ 4 mil 960 en el 2024, experimentando apenas un alza de 0.5% respecto al 2023.
En el 2024 las exportaciones del sector ascendieron a US$ 46 mil 369 millones, representando el 62.1% de los envíos totales (cerca de US$ 75 mil millones) y generaron más de un 1 millón 032 mil empleos entre directos, indirectos e inducidos en todo el país.
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“Sin embargo, esta actividad enfrenta otros retos significativos, como la alta complejidad normativa, los retrasos en la obtención de permisos y la falta de coordinación entre entidades públicas. Además, el uso ineficiente de los recursos provenientes de la minería impide cerrar las brechas sociales que condenan a la pobreza a millones de ciudadanos y generan enfrentamientos y polarizaciones”, dijo.
Datos
-El proyecto de la Ley MAPE fue aprobado por el Ejecutivo en noviembre pasado y enviado al Legislativo para su debate.
-El año pasado, casi el 50% del oro producido en el Perú provino de pequeños mineros, pero solo el 20% operaba formalmente.
-De los 87 mil 111 mineros inscritos en el Reinfo, apenas el 2.4% logró su formalización, mientras que el 79% tenía su inscripción suspendida y el 18.6% continuaba en proceso.
