La herramienta económica es online y gratuita, ayudará a las comunidades indígenas y locales afectadas por esta actividad ilícita a sustentar sus demandas ante el Estado. Actualmente es utilizada en Perú, Colombia, Brasil y Ecuador.
Inforegión.- El 28 de marzo se llevó a cabo la Reunión Regional de Intercambio: Calculadora de Impactos de la Minería Ilegal de Oro en Brasil, Perú y Colombia. Un proyecto desarrollado por Conservation Strategy Fund (CSF), organización internacional líder en la formación de capacidades y análisis económico aplicado a la conservación, para medir de manera eficaz el impacto de la minería ilegal de oro en la región amazónica.
Esta iniciativa nace en asociación con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y bajo el liderazgo del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL), gestionado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).
La herramienta permite que las autoridades establezcan sanciones y compensaciones para regular esta actividad que afecta al ambiente y el entorno social. Hoy en día, esta es utilizada en Brasil y, recientemente, se ha adaptado a Colombia, Ecuador y Perú.
Con el apoyo del Programa Regional Ambiental para la Amazonía (AREP), a cargo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), será adaptada para Guyana y Surinam.
Inforegión estuvo presente en el encuentro y conversó con representantes de estas organizaciones sobre las ventajas del recurso que ayudará a las comunidades locales, incluyendo indígenas, entre otras, afectadas por la actividad ilícita, a contar con información económica precisa, confiable y oportuna sobre su impacto en el ambiente y entorno social, para ser utilizada como sustento en sus demandas.
Martha Torres Marcos-Ibáñez, abogada y directora de Programa – CSF Perú, precisó que la herramienta ofrece información sobre la cuantificación económica del daño socioambiental generado por la minería ilegal de oro. La herramienta analiza tres impactos de la actividad ilícita: deforestación, sedimentación de ríos y contaminación por el metal tóxico mercurio. En el caso de Perú, regiones como Loreto y Madre de Dios han sido priorizadas.
“Se ha construido una metodología en base a variables sociales y ambientales de contexto, como información geográfica, el tipo de minería en la zona y la población afectada, entre otras, para así conocer el impacto económico que genera la extracción ilegal de oro en la Amazonía peruana. Cuando uno revisa la calculadora puedes escoger la región, provincia, y cuantificar en, términos económicos, el daño social y ambiental que genera la extracción ilícita de oro”, señaló.
Por otro lado, Andrea Buitrago, ecóloga y directora de FCDS Perú, resaltó otros hallazgos que se pueden observar mediante el uso de la calculadora, como el número de dragas o balsas utilizadas en la minería ilegal.
“Nuestro propósito ha sido poder facilitar y gestionar con los actores sociales institucionales, tanto en Colombia como en Perú, la recopilación de la información que va a llenar de contenido la herramienta. Lo que buscamos es contribuir a una mejora de la información en cada país y en sus contextos particulares, y entender de mejor manera la dinámica de otros delitos conexos a la minería ilegal”, indicó.
Para la realización de la herramienta digital de valoración económica se organizaron reuniones con expertos a nivel nacional y talleres de socialización y validación con comunidades en situación vulnerable, debido a la economía ilegal en sus territorios.
“Para nosotros es muy importante que participen las comunidades porque son las principales afectadas por la actividad. Por ello, lo que hemos tratado, desde el inicio, es que sea lo más accesible y entendible posible, y en el caso de las comunidades creemos que la información económica puede ser muy útil para sus demandas y exigir el monto apropiado por el daño causado. Y por otro lado, tenemos operadores de justicia que pueden utilizarla como sustento económico para otros casos que se presenten”, remarcó Torres Marcos-Ibáñez, representante de Conservation Strategy Fund (CSF).
