Ahora la presidenta Dina Boluarte, en un plazo máximo de 72 horas, debe aceptar la decisión y designar a un nuevo ministro.
El Pleno del Congreso de la República aprobó censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, debido a su falta de capacidad y grave negligencia para abordar la problemática de los pequeños mineros y mineros artesanales. La medida fue respaldada con 79 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones.
El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero Alva, quien conducía el debate, anunció que se comunicará la decisión a la presidenta de la república, Dina Boluarte, a fin de que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso b del artículo 86 del Reglamento del Congreso.
Ahora Boluarte, en un plazo máximo de 72 horas, debe aceptar la decisión y designar a un nuevo ministro de Energía y Minas, una importante cartera en el tercer mayor productor mundial de cobre y clave para la economía local.
Previo a la votación, se dio lectura al texto sustitutorio que expresa: “El Congreso de la República acuerda censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, por su falta de capacidad y grave negligencia en la gestión de su sector, así como por su desinterés para solucionar la problemática de los pequeños mineros y mineros artesanales en el Perú”.
Además, se informó que la representación nacional acumuló las mociones de censura 14628 y 14629 presentadas en su contra.
Posturas de congresistas
Durante la sustentación, el congresista Arturo Alegría García (FP) expresó su descontento tras la reciente presentación del ministro del sector ante el Pleno del Parlamento, señalando una falta de claridad y liderazgo en la propuesta de formalización minera.
Según Alegría, el Poder Ejecutivo ha mostrado indolencia al presentar proyectos de ley que, después de dos años de espera, solo buscan transferir la responsabilidad del problema a los actuales actores, sin ofrecer soluciones concretas para la minería artesanal.
“El ministro nos vino a vender gato por liebre”, afirmó el parlamentario, al criticar la falta de un mecanismo efectivo para integrar a los pequeños mineros que desean contribuir formalmente al desarrollo del país.
El congresista también cuestionó el enfoque del Ejecutivo, que delega funciones a los gobiernos regionales, a pesar de que estos han fracasado previamente en gestionar la problemática.
Alegría criticó la Ley MAPE por repetir errores del pasado. En su opinión, la iniciativa no establece un marco rector que permita avanzar hacia la formalización efectiva, perdiendo la oportunidad de resolver una situación que afecta a cientos de peruanos vinculados a la minería artesanal.
A su turno, el congresista Guido Bellido Ugarte criticó duramente al Poder Ejecutivo por la crisis que enfrenta el país debido a la minería artesanal, una problemática que se ha agudizado con bloqueos en diversos departamentos.
Según Bellido Ugarte, la reciente presentación de la Ley MAPE, realizada de manera apresurada y al cierre de la legislatura, no aborda el problema social de fondo que afecta a miles de peruanos vinculados a esta actividad.
“Esta ley no resolverá el conflicto, que es principalmente social, y deja en el abandono a nuestros hermanos de la minería artesanal”, expresó.
Añadió que existe una responsabilidad política directa en esta situación y acusó al Ejecutivo de desinterés frente a un problema que afecta a medio millón de peruanos que trabajan en la minería artesanal y a otros cuatro millones que dependen de los servicios relacionados.
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Asimismo, cuestionó por qué el ministro del sector no tomó medidas oportunas, sabiendo que el plazo para regularizar esta actividad vence el 31 de diciembre de 2024. “Desde el inicio se sabía de este problema latente, y aun así no se hizo nada para atenderlo”, puntualizó.
Contexto
Los mineros de baja escala han rechazado un proyecto de ley del Gobierno enviado al Congreso que les otorga un límite de seis meses para regularizar sus actividades, plazo que regirá desde el 31 de diciembre cuando terminará la vigencia del actual Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
El REINFO, prorrogado varias veces, nació a inicios de la década pasada para permitir la formalización de los mineros artesanales, pero muchos aprovecharon el permiso temporal para operar en zonas prohibidas o en propiedad de terceros, sin cumplir las exigencias ambientales y laborales.
El Gobierno tiene unos 85.000 registros de mineros artesanales, la mayoría de zonas pobres del interior del país, pero sólo un 20% de estos mineros han podido formalizarse desde el 2012 cuando fue creado el programa. Perú es el octavo productor global de oro según datos el sector privado local.
El resto opera con permisos suspendidos en áreas que pertenecen a empresas formales, o de forma ilegal en medio de denuncias de enfrentamiento y ataques a minas establecidas que han dejado al menos treinta de muertos en los últimos años.
