En una de sus últimas presentaciones públicas, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló que sí es posible avanzar con los procesos de consulta previa de manera virtual.
Alva se refirió de manera explícita sobre el proyecto San Gabriel, a cargo de la compañía Buenaventura. La ministra señaló que este proyecto puede avanzar a través de mecanismos virtuales, a excepción de la última etapa en la que el diálogo deberá ser de manera física.
“Ya se ha activado la consulta previa con comunidades de Oyo Oyo y Corire, y estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Coroccohuayco”, apuntó la ministra.
¿Es viable realizar la consulta previa de manera virtual sin afectar los derechos de los pueblos originarios y a la vez destrabar la inversión? Gestión.pe conversó con Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y con Gustavo Zambrano, ex director general del Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, quienes dieron sus puntos de vista sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas.
“Una preocupación para el sector”
Para De la Flor, de la SNMPE, este tema es “una preocupación muy relevante para el sector”. Según explica, estos procesos deben ser con cuidado para evitar cualquier posibilidad de contagio. Sin embargo, De la Flor señala que hasta el momento solo se ha regulado la posibilidad de utilizar mecanismos virtuales o electrónicos para los procesos de participación ciudadana que son parte de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Esto fue regulado a través del decreto Legislativo 1500, el cual fue promulgado el pasado 10 de mayo.
“La norma que se publicó no resulta aplicable para la consulta previa. Nosotros creemos que la misma lógica debiera definirse. Existe la tecnología para hacerlo y ya se está incorporando dicha mecánica en la participación ciudadana y debería hacerse lo mismo en la consulta previa. Nos va a permitir reactivar los procesos. Lo que necesitamos es que el Ministerio de Energía y Minas emita un decreto supremo en el que se haga extensiva dicha modalidad a la consulta previa”, señala el ejecutivo.
En tal contexto, De La Flor señala que es fundamental permitir la certificación administrativa de manera virtual y encontrar mecanismos que permitan resolver las problemáticas, en medio de la crisis económica que afronta el país por el impacto del COVID-19. Según explicó junto al proyecto San Gabriel, a cargo de Buenaventura y que tiene una consulta previa en desarrollo con cuatro comunidades campesinas de Moquegua, así como el proyecto Integración Coroccohuayco, ubicado en Cusco, para el cual la consulta previa se realizará con unas 14 comunidades campesinas.
“Se necesita consensuar con los pueblos a consultar”
Por su parte, Gustavo Zambrano, ex Director General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio Cultura, sostiene que no hay una necesidad de emitir una legislación especial para hacer virtualmente la consulta previa pues se desprende del Convenio 169 de la OIT que la consulta previa puede realizarse de acuerdo a las realidades y las necesidades del país y los pueblos. Por lo tanto, en esta coyuntura de emergencia sanitaria, es viable utilizar mecanismos virtuales.
Sin embargo, Zambrano explica que la consulta previa tiene siete etapas: identificación de la medida, identificación de los pueblos, publicidad de la medida, información, evaluación interna de los pueblos indígenas, diálogo y decisión. Por lo tanto, aplicar los mecanismos virtuales dependerán de qué se consulte y en qué sector se realice.
“Algunas etapas son trabajo de gabinete que implica la identificación de aquello que se consulta, pero hay etapas en la que es necesario llevar a cabo reuniones para consensuar la metodología para llevar acabo la consulta previa, o informar a los pueblos indígenas. Tendría que evaluarse aquello que es materia de consulta previa y que permitiría el uso de mecanismos virtuales”, sostiene.
Por ejemplo, en el caso del sector hidrocarburos las consultas previas suelen ser con múltiples comunidades indígenas, lo que implica una gran cantidad de reuniones. Un factor que señala se debe tomar en cuenta es la conectividad y el acceso a infraestructura digital por parte de las comunidades, peor aun teniendo en cuenta que en esta coyuntura hay espacios en los que no se pueden cobrar bonos ni acceder a las clases virtuales del Ministerio de Educación.
“En el caso específico de la actividad minera, sí se tiene identificados a los pueblos indígenas. El tema es la etapa de información que apunta a que los pueblos indígenas reciban información oportuna y adecuada para el diálogo. Si van a utilizar medios virtuales, sería en la etapa de información. Lo que tiene que garantizar el Minem con el Mincul es que las comunidades cuenten con el soporte tecnológico suficiente para poder informarse de manera virtual. El Ministerio de Energía y Minas tiene que responder si es que va a contar con capacidades tecnológicas para hacer los talleres informativos”, señala Zambrano.
Sin embargo, Zambrano no descarta, a pesar de las circunstancias, realizar reuniones físicas siempre y cuando se tomen las medidas necesarias y se establezcan protocolos sanitarios para realizarlas. Por ejemplo, Zambrano plantea realizar reuniones físicas en las que acudan funcionarios del Estado con kits de seguridad y con exámenes previos de descarte de COVID-19 para de tal manera evitar cualquier posibilidad de contagio en las comunidades.
“La virtualidad es una posibilidad, pero no debería verse como la única salida. En algunos casos va a tener que verse equipos de funcionarios que cuenten con pruebas rápidas o moleculares ya realizadas y kits de protección para que cada cierto tiempo puedan entrar. La virtualidad te puede ayudar en algunos casos, pero yo diría que se debería tomar una línea de acción en la que estén libres de generar algún tipo de contagio. En una reunión informativa puedes juntar a 20 o 30 comuneros y la preocupación debe ser que ese funcionario no contagie a los comuneros. Garanticemos que ese funcionario esté sano”, sostiene el experto en temas sociales.
Aun así, con este panorama y ante las declaraciones de la ministra, la incertidumbre sobre cómo aplicar la consulta previa durante la pandemia permanece pues no se ha emitido ninguna norma que especifique en qué casos se podrá utilizar la metodología virtual.
*foto referencial
(BQO)
