Institución afirma que MEF debe garantizar recursos financieros a los gobiernos regionales.
La Defensoría del Pueblo recomendó fortalecer con urgencia las capacidades de las entidades a cargo del proceso de formalización de la minería ilegal, en particular a los gobiernos regionales.
Planteó dar solución a los problemas de superposición de derechos y saneamiento físico legal, además de dar prioridad a las acciones de remediación y protección ambiental frente a la minería ilegal.
Fue durante la presentación del Informe Defensorial Nº 167: “Balance de la gestión estatal frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú. 2012-2014 supervisión a las entidades de alcance nacional y regional”.
Detalla que al vencimiento del plazo del Proceso de Formalización, 19 de abril de 2014, de acuerdo a lo reportado por los gobiernos regionales, solo 7 de las 58, 835 declaraciones de compromisos que se encontraban vigentes se formalizaron. A la fecha, el número se ha elevado a 16. Los mineros beneficiados ascienden a 631.
Esta situación respondería —entre otros motivos— a las carencias en materia de personal especializado, logística y presupuesto en las instancias encargadas de los gobiernos regionales. Estas son las responsables de conducir los procedimientos de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, así como su supervisión y fiscalización.
“Hemos identificado que la supervisión administrativa de la pequeña minería y minería artesanal a cargo del nivel regional es insuficiente. Por dicha razón, estamos recomendando fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos regionales, así como dotarlos de los recursos presupuestales suficientes para que puedan ejercer sus funciones con eficacia.
Además, es urgente acortar el actual déficit de supervisión”, señaló Iván Lanegra, Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. El Informe N°167 señala que, el Estado ha otorgado otros derechos, incluso superpuestos, en las áreas en las cuales quienes están en el proceso de formalización pretenderían desarrollar actividades mineras.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dictar las normas que faciliten la resolución de controversias o conflictos surgidos por dicha situación, salvaguardando los derechos adquiridos, en particular los de los pueblos indígenas.
“Para esto es necesario determinar los criterios legales y técnicos, de acuerdo a la legislación vigente, atendiendo a la realidad de cada región y coordinando con los distintos sectores involucrados”, señaló.
Remediación ambiental
Cabe señalar que también se ha advertido dificultades en otras áreas, como por ejemplo la remediación ambiental, a cargo del gobierno nacional y del nivel regional. El Plan de Recuperación de Impactos Ambientales, instrumento a cargo del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente, que debió aprobarse hace más de dos años, sigue pendiente.
Fuente: Gestión
