Pese a un entorno internacional extraordinariamente favorable, la industria minera peruana sigue haciendo frente a un contexto interno marcado por obstáculos -administrativos, políticos y de seguridad- que le impiden explotar a plenitud el ingente potencial geológico con que el país cuenta.
¿Qué acciones y tareas se deben emprender, desde el Gobierno y el sector, para remover esas trabas y garantizar su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo? Beatriz Quispe, Socia de Energía, Recursos e Industriales de Deloitte Perú, enumera las principales en la presente entrevista.
¿Cómo ve la situación de la minería a nivel global?
La minería se ha convertido y va a seguir siendo protagonista de los cambios que se vienen a futuro, los cuales ya los estamos viendo y van a ser, cada vez, más fuertes. Por su parte, el sector también registra intensos cambios, a nivel tecnológico con el objetivo de tener menos impacto en el medioambiente, lograr la integración armónica con su entorno social, mejorar su gobernanza y ser más transparente en relación a sus stakeholders.
En estas variables, creo que el sector avanza sólidamente en comparación con otros. Son cambios que vamos a ir notando gradualmente, pero está avanzando y esta tendencia se van a sostener en el tiempo.
En ese marco, ¿Cómo ve las perspectivas de la minería peruana en ese contexto?
Si vemos la parte que corresponde a la actividad privada, de la manera en que las empresas mineras tratan de hacer sus negocios más eficientes, seguros y rentables, se sigue avanzando año a año en el país. Un ejemplo de eso son las iniciativas de innovación que están generando para controlar la parte del costo, que es lo que la industria puede manejar. Y en eso, se viene invirtiendo cada vez más año a año.
Sin embargo, como sabemos, para que un negocio como la minería sea próspero y siga creciendo, se necesita de otros factores que son parte de la tarea del Estado. Y aquí, lamentablemente, en los últimos años hemos tenido hechos, principalmente políticos, que no han generado certidumbre, algo muy importante para un negocio a largo plazo que, además, requiere de mucha inversión. Y esa situación se ha reflejado en las últimas encuestas del Instituto Fraser.
¿Cree que esa situación ha comenzado a revertirse este año?
Sí. Se podría decir que en los últimos meses hay menos incertidumbre en el país. De hecho, la foto de los últimos seis meses es mejor que la de doce meses atrás. Eso se nota en algunos resultados, pero estos son todavía débiles. Se requiere que el Estado sea más protagonista en el cumplimiento de su rol.
¿De qué forma?
A través de la implementación de políticas del Estado; siendo protagonista en la generación de incentivos el desarrollo de nuevos proyectos. Por ejemplo, para facilitar la exploración, desarrollar nuevos proyectos de explotación, aprobar ampliaciones de proyectos o para facilitar su operatividad, creando seguridad y estabilidad en el ámbito económico a las compañías mineras. En resumen, haciendo su parte en los ámbitos que le corresponden.
¿Comenzando por cuál ámbito?
Por el de infraestructura, en el que como país tenemos un gran déficit en comparación, por ejemplo, con Chile, que tiene una mayor y mejor infraestructura que nosotros. Porque, para el inversionista minero, este es otro gran factor que toma en consideración. Hoy el país tiene la oportunidad para desarrollarla y lo debería hacer, porque eso lo va a hacer más atractivo.
¿En qué otro campo debería centrar su acción?
En el regulatorio, concretamente haciendo cambios normativos. Primero, para lograr que el tiempo de inicio de operaciones de un proyecto minero en el país no sea tan largo, ya que es uno de los más largos de la región. Y segundo, para incentivar y facilitar las actividades de exploración para confirmar recursos, para las que se exigen una cantidad de trámites excesiva.
Lea la entrevista completa en nuestra edición 168 de Rumbo Minero, aquí.
