El director de la Defensoría Nacional Anticorrupción cuestionó que para los políticos aún no quede claro que la minería es la principal actividad del país.
«Seguimos postergando una letanía diciendo esto va a seguir, vamos a poner dos años más, sin hacer nada más», sostuvo Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción sobre una probable ampliación del Reinfo.
En el Congreso se debate el predictamen recaído en los proyectos de ley: 7462/2023-CR, 8899/2024-CR, 9259/2024-CR, que pretendería ampliar de forma indefinida el proceso de formalización minera, que tiene 22 años de vigencia, pero no ha cumplido el objetivo para el que fue creado.
«Todas las veces que se ha hablado sobre el Reinfo se ha vuelto a adicionar y se ha vuelto a decir que dos años más. Y nos hemos dado cuenta que en verdad casi nadie se ha legalizado y la minería informal ya está siendo un problema grave en el Perú», dijo.
El 31 de diciembre vence el plazo para que los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) logren culminar ese proceso. El funcionario señaló que no existen incentivos para ingresar a la formalidad.
«En principio este es el país donde las normas transitorias se vuelven permanentes. Es triste porque no hay una estrategia atrás. ¿La estrategia atrás cuál es? ¿Cuál es el gran tema detrás de esto? La formalización, que es el gran dolor del país y vemos a mucha gente minero de pequeña escala que no llegan a lograr entrar al mercado de la formalización porque la formalización no está siendo atractiva», aseveró.
Herrera cuestionó que para los políticos aún no quede claro que la minería es la principal actividad del país.
«Entonces, ¿cómo el oro que mueve el país no va a ser legalizado? No pagar impuestos. Y la gente que quiere pagar impuestos a veces no puede porque tenemos una SUNAT draconiana, irreal, sin lectura social», comentó.
Herrera agregó que el país afronta una falta de seguridad de predictibilidad, «nadie sabe lo que va a pasar y eso es muy delicado para un país que necesita seguridad y que quiere atraer inversión».
«Porque tenemos un país donde mañana no sabemos si vamos a seguir con la misma presidenta, si las normas legales se van a aplicar o no, o cuál es el motivación», indicó.
Respecto a la nueva Ley MAPE manifestó que lo que se requiere es una norma que realmente se cumpla y tenga una visión mucho más grande que el estrictamente legalismo.
«Quiero decir que a veces la formalidad lo que hace es ahuyentar. El exceso de formalidad, de formalismo, lo que hace ahuyentar es a la persona que en principio es informal, pero el informal conceptualmente es una persona que no tiene derechos, y en este país yo no creo que a nadie le guste no tener derechos», aseveró.
El funcionario mencionó que «se cree que los mineros informales son todos delincuentes y que hay una ausencia del gobierno notable».
«En el sentido de que el primer problema para formalizarse es que no son dueños del terreno. Pero en muchos casos el dueño del terreno es el gobierno, ¿no? Cuando no hay un denuncio. Entonces, ahí el gobierno tiene una oportunidad de hacer bien las cosas y de paso formalizarlos», refirió.
