La minería ilegal continúa expandiéndose en el Perú, incluso dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus Zonas de Amortiguamiento (ZA), afectando gravemente ecosistemas únicos. Según el último informe de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, publicado por Gisella Aragón y Luis Ruiz, se identificó que, desde 2010, se ha detectado esta actividad ilícita en al menos 18 zonas de conservación.
La minería ilegal en Perú representa una problemática estructural que trasciende el ámbito ambiental y afecta gravemente diversas regiones del país. La Amazonía sur —conformada por Madre de Dios, Ucayali y Cusco— sigue siendo la zona más golpeada por esta actividad ilícita.
En particular, la Reserva Nacional Tambopata, ubicada en Madre de Dios, sufre intervenciones dentro del área natural protegida y en su entorno inmediato. Además, regiones andinas como Lima, Junín y Pasco también han reportado impactos crecientes, lo que evidencia la expansión de esta amenaza más allá de la Amazonía.
Otras áreas como el Parque Nacional Huascarán, la Reserva Nacional San Fernando, la Reserva Nacional de Tumbes, la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, la Reserva Comunal El Sira y el Parque Nacional Yaguas, también presentaron presencia de esta actividad hasta 2017 (fecha del último registro).
Asimismo, en el Parque Nacional Río Abiseo, el Parque Nacional Bahuaja Sonene, los Cerros de Amotape, el Santuario Nacional Pampa Hermosa, la Reserva Nacional de Junín, la Reserva Comunal Amarakaeri y la Zona Reservada Santiago Comaina se identificó presencia de minería ilegal en la ZA.
Políticas públicas contra la minería ilegal
Esta problemática se agrava con la baja ejecución del presupuesto destinado a combatir la minería ilegal. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), obtenidos por Rumbo Minero, en 2025 el Gobierno destinó más de S/ 74.6 millones para reducir esta actividad mediante la función de orden público y seguridad, pero hasta la fecha solo se ha ejecutado aproximadamente el 37 %.
