Un total de 1,969 operativos de prevención e interdicción contra la minería y la tala ilegal ejecutó durante el año pasado la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), informó hoy el Ministerio Público.
Precisó que de dicha cifra se obtuvieron 812 sentencias condenatorias y 16 prisiones preventivas fundadas. Entre las especies incautadas destacan 6 millones 706,965 pies tablares de recurso forestal maderable; y 392,664 kilogramos de carbón vegetal, principalmente, algarrobo.
Asimismo, 88,527.66 kilogramos de recursos hidrobiológicos; 949 especies de fauna silvestre, tales como: el tigrillo, guacamayo, puma, tortugas taricayas, mono ardilla, entre otros.
Casos emblemáticos
Respecto a los casos emblemáticos desarrollados se registraron derrames de hidrocarburos en diferentes tramos del Oleoducto Norperuano, en: Piura, Iquitos, Amazonas Bagua, Loreto Maynas, Alto Amazonas; en minería ilegal, en la Reserva Paisajística Cotahuasi; en tráfico ilegal de fauna silvestre en el Callao, los casos ‘Aletas de tiburón’, ‘Caballitos de mar’ y ‘Caballitos de mar II’.
Minería ilegal en los centros poblados en Huancavelica, por la exploración y explotación de polimetálicos y alteración del paisaje; en Lambayeque, el incendio forestal del caso ‘Chaparrí’; en Loreto, la deforestación para plantaciones de palma aceitera y cacao, y el caso ‘Yacu Kallpa’ de madera transportada; en Moquegua el derrame de hidrocarburos, y el otorgamiento ilegal de derechos para la ejecución de proyectos de inversión pública de recursos naturales hidrobiológicos.
En Piura, el caso ‘Tortugas Galápagos’ y ‘Botones de oro’; en Puno minería ilegal en Ananea, delito contra los bosques y formaciones boscosas; en Santa ‘Aletas de tiburón’, ‘Buque Damanzaihao’; en Ucayali el tráfico ilegal de loros y guacamayos; y en Ventanilla la contaminación por plomo.
Por último, el Ministerio Público indicó que, ante las intervenciones desplegadas en el 2019, la fiscal superior Flor de María Vega Zapata, coordinadora nacional de las FEMA, respalda a su equipo de trabajo y corrobora la lucha institucional contra los delitos ambientales.
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