La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, creada con el objetivo de elaborar propuestas para perfeccionar la normatividad del sector, en su informe final recientemente publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros, recomendó formular una política de Estado para lograr el desarrollo sostenible de la minería, como una medida de carácter estratégico para el Perú.
“La elaboración e implementación de la política debe ser liderada por el Ministerio de Energía y Minas. El resultado debe apuntar a la construcción de un Estado capaz de asegurar el desarrollo de la actividad minera, de acuerdo a ley, la iniciativa privada y en armonía con los derechos fundamentales de los ciudadanos”, precisa la comisión presidida por Roxana Barrantes.
En ese sentido, sugiere considerar cuestiones como la visión territorial del desarrollo, el incentivo de la exploración minera, la optimización de la evaluación y fiscalización ambiental, la atención prioritaria de los pasivos y del cierre de minas, la necesidad de la mejora regulatoria continua y la reforma de la gestión pública.
“Asimismo, el perfeccionamiento de los procesos de transparencia, participación ciudadana y consulta previa; la adecuada gestión de conflictos sociales, así como el diseño de políticas que promuevan la pequeña minería y la formalización y que además refuercen la interdicción de la minería ilegal”, detalla.
Sobre las medidas para incentivar la exploración, puntualiza que el Estado debe enfocar sus esfuerzos en promover prioritariamente las actividades de este tipo que son clave para el desarrollo del sector, en tanto no solamente permiten conocer y gestionar el potencial minero del país sino expandir sus operaciones y asegurar así la contribución futura a los recursos fiscales, empleo y
actividades conexas.
“Para ello es necesario implementar un nuevo modelo regulatorio que permita recuperar el dinamismo de esta actividad, realizar cambios en la gestión y mejorar la coordinación entre las entidades responsables”, indica el documento.
Asimismo, añade que se deben diseñar procedimientos e instrumentos sencillos y predecibles que se adapten a la temporalidad e importancia de esta fase y sean razonables con su relativamente bajo nivel de impactos.
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