Por: Víctor Burga, Socio de Auditoría de EY
Para nadie es un secreto que el Perú es un país rico en recursos minerales y que, si no nos lo propusiéramos, podrían desplazar sin ningún problema a Chile y México en los rankings mundiales de competitividad. Por ejemplo, en la última encuesta del Instituto Fraser, el Perú aparece en el puesto 56 de las 112 jurisdicciones analizadas, y somos superados por Chile (puesto 30) y México (puesto 48).
Es cierto que la inversión minera ha venido creciendo en los últimos años hasta alcanzar los US$10,000 millones en el 2014, pero esta podría ser aún mayor si nos lo proponemos.
Entonces, ¿qué debe hacer el Perú para ser el destino favorito de las inversiones mineras, desplazando a Chile y México? La respuesta no es compleja, sino requiere básicamente de una decisión política. Los inversionistas internacionales consideran que hay 15 factores que contribuyen a la capacidad de una determinada jurisdicción para atraer inversiones mineras, algunas de las cuales están referidas a incertidumbres sobre el medio ambiente; inconsistencia y duplicación de regulaciones; régimen tributario; incertidumbre relacionada con las comunidades; calidad de la infraestructura; entre otros.
En lo que respecta al Perú, voy a mencionar algunos asuntos que considero claves, no necesariamente en orden de importancia, para ser líderes en América en atracción de la inversión.
Los inversionistas quieren reglas claras y estables. Es indispensable que los inversionistas cumplan de manera estricta y responsable con todas las leyes tributarias y laborales vigentes en el Perú. Pero también es importante que las autoridades tributarias sean razonables al interpretar las normas tributarias y entiendan el sentido de negocio de las transacciones; hay veces que el inversionista se siente impotente ante interpretaciones que parecen no tener ni pies ni cabeza. Por ejemplo, las interpretaciones que las autoridades tributarias y el Tribunal Fiscal vienen dando a la aplicación de los convenios de estabilidad tributaria (inversiones posteriores efectuadas en un activo fijo que estuvo sujeto a estabilidad no estarían estabilizadas) no ayudan sino, por el contrario, desincentivan la inversión.
Es necesario disminuir dramáticamente los permisos necesarios para que una empresa minera pueda empezar a explorar, desarrollar y operar una mina. Por ejemplo, para poner en marcha un proyecto minero en el Perú, se tienen que tramitar entre 250 a 400 permisos y autorizaciones ante una diversidad de instituciones públicas, que obligan al inversionista a tener que contratar más abogados que ingenieros para concretar ese tipo de empresas. Bueno fuera que estos trámites se puedan resolver en poco tiempo, pero lo cierto es que toman varios años. El gobierno ha venido haciendo anuncios de reducción de trámites y permisos, se han hecho algunos avances, pero no los suficientes como para decir que este asunto está solucionado.
La minería tiene mala fama. Los inversionistas tienen mucho por hacer para lograr que las comunidades aledañas a la operación minera no se sientan afectadas por sus actividades. Un sentimiento similar tendríamos si es que el gobierno decide poner una autopista frente a nuestra casa que está ubicada en una zona residencial. ¿No nos quejaríamos? Por supuesto que sí. Es por esto que los empresarios tienen que hilar muy fino para lograr la aceptación social del proyecto. Y el gobierno definitivamente debe tener mayor presencia en las comunidades y trabajar muy de la mano con los inversionistas. Sino, vamos a seguir teniendo más proyectos mineros parados como Conga, Tía María, Rio Blanco y San Gregorio, que representan inversiones millonarias.
Se requiere regular ciertos asuntos propios de la minería, tales como el cierre de minas. Estos costos son registrados año a año conforme se afecta el área de explotación; sin embargo, no pueden ser deducidos sino hasta cuando se incurran efectivamente. El problema es que los desembolsos se efectúan mayormente cuando la mina se quedó sin reservas y por lo tanto no hay ingresos contra los cuales se pueden deducir. Es necesaria una regulación sobre este y otros asuntos a fin de marcar una diferencia en cuando a tasa efectiva de impuesto a la renta y ser más competitivos que Chile y México en este aspecto.
La calidad de la infraestructura es mala en el Perú. Las carreteras para acceder a las zonas inhóspitas, donde se desarrolla la minería, son inexistentes, y las que existen en las zonas más urbanas son de mala calidad. Lo mismo sucede con la disponibilidad de la energía eléctrica y con el acceso al agua. Todas estas deficiencias encarecen los costos de inversión y retrasan los proyectos mineros.
Los factores arriba señalados son claves para hacer que el Perú se convierta en líder de la inversión minera en América. No hay razón para no serlo con toda la riqueza geológica que tenemos, muy superior a Chile y México, países que nos superan. Si gobierno e inversionista privado no trabajan de la mano, pero de verdad, seguiremos a la saga y esperando largos años para desarrollar los proyectos tan necesarios para nuestra economía y para el bienestar de nuestro Perú.
Rumbo Minero
