“Trabajando en el cierre de brechas sociales en zonas mineras, desactivaremos ese caldo de cultivo de la conflictividad”

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Pablo de la Flor, Gerente General de la SNMPE

Antes de finalizar el primer trimestre de este año, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) anunció el ingreso de Pablo de la Flor, para quien la actividad minera no es ajena porque, del 2006 al 2012, fue Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Medio Ambiente de Compañía Minera Antamina. En exclusiva para Rumbo Minero, el empresario analizó la importancia de la minería para la economía peruana.

¿Cómo impacta la minería en la economía peruana?

Creo que es importante recalcar el enorme impacto que tiene la minería sobre la economía peruana.

Se trata de uno de los principales motores que movilizan nuestro crecimiento.  El sector representa aproximadamente diez puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), contribuye con casi 14 puntos porcentuales al pago de impuestos, canaliza el 12% de la inversión, genera el 60% de nuestras exportaciones.  Además, la actividad minera se concentra sobre todo en las zonas más apartadas, llevando bienestar y desarrollo a 17 regiones del país.  El sector genera cerca de 170 mil puestos de trabajo directo y casi 1 millón de trabajos indirectos.

Para resumir, la minería es uno de los pilares fundamentales de la economía peruana.

Si bien ese beneficio económico es a nivel macro, ¿por qué la población no siente el beneficio de la minería?

Hay varios mecanismos de transmisión del impacto de la minería. El más directo tiene que ver con las actividades propias de la actividad; estamos refiriéndonos a la contratación del personal y a la compra de bienes y servicios en las zonas de influencia minera. Si bien se trata de un importante canal (ya me he referido a la estadística del empleo), por las características de la industria y su alto contenido de capital, esta vía de tiene algunas limitaciones.

El otro, quizá el más importante, tiene que ver con las transferencias fiscales directas generadas como consecuencia de la actividad minera a través del canon.  Este último mecanismo fue creado precisamente para socializar mejor las contribuciones de la minería a la economía y lograr un impacto local y regional dinamizador.

En el periodo 2008-2017 se transfirieron S/ 39,000 millones de canon minero. Estos recursos han representado un componente importante del presupuesto público tanto de los gobiernos regionales, como provinciales y distritales de las zonas productoras. La región que más recursos ha recibido por estas transferencias ha sido Áncash, seguida por Arequipa, La Libertad y Cajamarca.  El 80% de los recursos se han transferido a 8 regiones.

El canon es el vehículo a través del cual se transfieren los recursos que les permitan a las regiones cerrar las enormes brechas en materia de servicios públicos.  Resulta crítico por ello que el Estado utilice de manera eficiente ese financiamiento para atender las necesidades ciudadanas básicas en salud, seguridad, educación, vialidad, entre otras.  Solo así será posible llevar desarrollo sostenible a las comunidades.

INVERSIONES EN EXPLORACIÓN

En el 2016 se planteó como meta captar el 8% de las inversiones mineras a nivel mundial. ¿Cree que vamos por ese camino o qué mecanismos se necesitarían para alcanzar esa meta?

La inversión minera viene experimentando un importante rebote en los últimos meses, motivada sobre todo por las mejores perspectivas que vienen registrando los precios internacionales.  Si queremos aprovechar al máximo esta coyuntura, requerimos hacer un gran esfuerzo para apuntalar nuestra competitividad y eso pasa por trabajar en varios frentes.

¿Cuáles son esos frentes?

En primer lugar, resulta urgente simplificar el marco normativo para evitar la duplicación de trámites y acelerar el cumplimiento de los ya existentes.

Hace poco un informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reveló que teníamos cerca de 265 normas con algún nivel de impacto en la actuación del sector.  Por donde se le analice, esa normativa resulta asfixiante y representa un desincentivo para la inversión.

El segundo frente, también fundamental, guarda relación con la conflictividad social que viene afectando a varios proyectos.  Esta situación está íntimamente vinculada a la precaria presencia del Estado y los grandes déficits existentes en la cobertura de servicios básicos que atiendan las necesidades de las poblaciones en aquellas zonas donde la minería mantiene una actividad importante.

Desde esa perspectiva, resulta crucial mejorar las capacidades institucionales y apuntalar la inversión pública, no solamente en lo referente al aumento de la ejecución del canon, aun rezagada en varias regiones; sino especialmente en lo que atañe a la calidad del gasto, el cual tendría que estar orientado a priorizar los temas sociales más urgentes.

La riqueza que genera el sector, que se canaliza a través del canon, de los aportes sociales, debe servir precisamente para cerrar brechas. Las empresa pueden ayudar, pero el Estado es el llamado a liderar ese proceso.  Para ser exitosa la minería debe traducirse en bienestar para la población y uno de los canales de transmisión más importantes es el canon.  De allí la importancia de que estas transferencias se orienten a apoyar los proyectos de mayor impacto.

Otro de los frentes en los que debemos avanzar tiene que ver con la mejora del capital humano. Tenemos que estar en condiciones de dar respuesta a esta demanda renovada de personal calificado para el sector minero, y para eso necesitamos mejorar la calidad de la educación en el país de manera que tengamos profesionales con las credenciales y las competencias que la industria requiere.

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