Ecuador es una nación predominantemente petrolera; no obstante, en los últimos años ha centrado su mirada hacia la actividad extractiva metálica que promete retribuirle fuertes ingresos económicos al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Así, los proyectos e inversión minera avanzan al compás, a fin de empoderar al sector durante los próximos cuatro años.
En exclusiva para Rumbo Minero, el Ministro de Minería del vecino país detalla el balance actual de la industria y los siguientes pasos para su mayor desarrollo.
¿Cuánto ha progresado la minería en Ecuador y qué proyectos marcarán la pauta del sector extractivo?
El balance es muy positivo porque en estos tres años –desde que estoy a cargo del Ministerio de Minería– hemos logrado reactivar la industria metálica. Se debe saber que anteriormente los proyectos estaban paralizados; hoy, podemos ver un avance importante, por ejemplo, con dos proyectos mineros que están en fase de explotación, tales como Mirador y Fruta del Norte.
El primero, desde hace un año y medio, se encuentra en la etapa de construcción y para finales del 2018 la mina finalmente estaría construida e iniciará la producción de cobre en el primer trimestre del año 2019.
El segundo proyecto tiene un avance importante en construcción. A fines del 2016 se firmó un contrato con la empresa operadora, y en el primer trimestre del presente año obtuvieron un primer tramo de financiamiento por US$ 450 millones, provenientes de las firmas empresariales Blackstone y Orion –ambas de Estados Unidos–, lo cual es un mensaje muy positivo respecto a la confianza de inversionistas en Ecuador.
Muy aparte de ellos, hay otros proyectos que vienen de atrás; es decir, con menor nivel de desarrollo pero muy importantes como Cascabel de la compañía SolGold; también Llurimagua con la estatal chilena Codelco; Cangrejos de Lumina; y finalmente Río Blanco de Junefield, que debería empezar la producción en el primer trimestre del 2018.
En definitiva, hoy vemos un sector minero en franco desarrollo y que atrae el interés de los inversionistas. Por ello, abrimos el catastro minero en octubre de 2016 para entregar las concesiones, en el que hemos recibido más de 900 solicitudes, de los cuales 250 aproximadamente han sido aprobadas y entregadas a distintas empresas, generándonos más de US$ 1.000 millones en compromisos de inversión.
Debo resaltar el interés de grandes empresas a escala mundial que han aterrizado en Ecuador, tales como BHP Billiton, Newcrest Mining -para el proyecto Cascabel y en otras concesiones- Fortescue Metals, Hancock Prospecting, y demás compañías que ven a nuestro país con mucha atención.
En ese sentido, Barrick Gold y Newmont Mining, aunque todavía no han instalado sus oficinas en nuestro país, sabemos que están trabajando en algunas misiones de geólogos en territorio patrio, estudiando nuevas oportunidades.
En perspectiva, creo que el balance del sector es muy positivo y nuestra idea es seguir promocionando al Ecuador, a fin de atraer inversiones para una actividad tan importante como la minería, el cual genera enormes ingresos para la economía nacional.
¿Cuáles son los mecanismos que ha creado Ecuador para atraer las inversiones mineras?
Evidentemente, Ecuador tiene mucho potencial geológico, pero lo que teníamos que crear –y esto lo hemos realizado en los últimos años– son las condiciones adecuadas en cuanto a los marcos tributario y legal.
En el primero, hace dos años elaboramos incentivos tributarios que reduzcan la carga de impuestos impositiva (similar o en promedio con la región de América Latina). También desarrollamos un estudio de Benchmark, en el que nos comparamos con Perú, Chile, Argentina, Brasil y México; así que actualmente tenemos una carga tributaria bastante competitiva.
En el segundo aspecto, creamos las condiciones de seguridad jurídica en cuanto a la ley, para garantizar las condiciones en las cuales invierte el empresario minero. Hoy tenemos un contrato de estabilidad tributaria por 15 años, renovable hasta por 30 años; esto permite al inversionista tener la mayor seguridad de que las condiciones en las que ingresa al país serán respetadas, más aún en una industria que se caracteriza por su alta inversión, elevado riesgo y largo plazo para la recuperación de capital.
Creo que la clave ha sido no solamente presentar a Ecuador como un territorio con gran potencial geológico, sino crear unas condiciones tributarias, legales y de inversión bien definidas.
Adicionalmente, presentamos ventajas competitivas como una infraestructura vial de 10.000 kilómetros de carreteras totalmente reconstruidas, acceso a cinco puertos importantes, nuevos aeropuertos, disposición de energía limpia con la construcción de nueve proyectos hidroeléctricos, los cuales abastecen con energía a los proyectos mineros y a bajo costo. Estas condiciones capturan la confianza de los empresarios extranjeros en Ecuador, y se materializa con el compromiso de inversiones.
En ese sentido, al año 2021 estimamos recibir inversión minera, no solamente en los proyectos que están avanzando, sino también en los proyectos nuevos de algunas concesiones mineras. Así que debo suponer que estaremos bordeando los US$ 4.600 millones de inversión desde el año 2017 hasta el 2021. Básicamente, son un promedio de US$ 1.000 millones por año.
Si comparamos esta cifra con la última década, quizá desde el año 2008 hasta el 2014, Ecuador recibía entre US$ 30 millones y US$ 40 millones al año en inversión minera. Hoy tenemos un incremento muy fuerte y el resultado, obviamente por el trabajo que hemos realizado, es tener las condiciones adecuadas.
¿A cuánto aspira ascender la producción de metales en Ecuador con los proyectos en cartera?
A partir del 2019, iniciaríamos con la producción de cobre en Mirador y con la extracción de oro comenzaría el proyecto Río Blanco en el año 2018, mientras que Fruta del Norte empezaría en 2020.
En exportaciones de minerales, durante el periodo 2018-2021, deberíamos alcanzar casi US$ 4.000 millones. Actualmente, estamos exportando alrededor de US$ 300 millones a US$ 400 millones en minerales.
Recién estamos comenzando el desarrollo del sector minero, no lo habíamos realizado de manera industrial, por lo que efectivamente nos encontramos en una etapa temprana de la consolidación de la actividad extractiva en Ecuador. En términos anuales, Fruta del Norte produciría 370 mil onzas de oro y Mirador obtendría 78 mil libras de cobre.
En el transcurso de los años 2017 al 2021, llegaríamos entre US$ 4.600 en inversión minera. Asimismo, cabe destacar que también se generarán miles de oportunidades laborales, es decir, nuestra perspectiva es que hasta el año 2021 la minería haya creado cerca de 25.000 fuentes de empleo directo e indirecto, a comparación de los 3.700 puestos del periodo 2014-2016 y 1.100 puestos originados entre 2011-2013.
¿En cuánto crecería la economía de Ecuador con esta inversión proveniente del sector minero?
El aporte que genera actualmente la minería al Producto Interno Bruto (PIB) es del 1.6%, por lo que estimamos que para el año 2021 el aporte de la minería crecerá a 4%.
A modo de reflexión, ¿por qué Ecuador ha apostado por la minería?
Creo que en los últimos años Ecuador se ha dado cuenta de que es un país con mucho recurso mineral y que no lo habíamos explotado. No habíamos aprovechado esa gran riqueza porque quizá estuvimos muy enfocados en el tema petrolero y eso de alguna manera nos hizo dejar de lado el avance del sector extractivo metálico.
Esta reflexión se ha suscitado también por los problemas que afronta el sector petrolero, con los bajos precios del barril, los cuales han repercutido en la afectación de la economía nacional.
Teniendo un potencial tan importante como el recurso geológico, deberíamos también enfocarnos en desarrollarlo, no para que reemplace al sector petrolero, sino para que siga su propio camino.
Vale decir que esto es lo que ha pasado en los últimos años, el de tomar la decisión y convencernos de que podemos desarrollar nuestro sector minero, siempre responsable en el manejo ambiental de las operaciones y tendiendo puentes con las comunidades aledañas, con el objetivo de generar las condiciones adecuadas de inversión para acelerar el ingreso de un importante flujo financiero al país y la entrada de nuevas compañías mineras que ven inmensas oportunidades de negocio en Ecuador.
Definitivamente, la minería se convertirá en el nuevo soporte para la economía de Ecuador y nuestra apuesta es que para la próxima década, la industria extractiva se consolide como la segunda columna de exportación no petrolera, con un aporte del 4% al PIB hacia el 2021 y, en adelante, la expectativa es que en los próximos años esta contribución siga incrementándose y se mantenga en los niveles similares a los de Perú. En resumen, que la actividad minera se convierta, junto con el sector petrolero, en los principales pilares de la economía nacional del Ecuador.
SOCIAL Y AMBIENTAL
¿Cómo trabaja el Gobierno con las comunidades respecto a las inversiones mineras?
Como Gobierno nos involucramos mucho en el trabajo comunitario, es decir, no dejamos a la empresa minera sola en su relación con las poblaciones, sino que nosotros, como Estado, nos presentamos ante las comunidades y, con base al principio de transparencia, informamos cuál es la política pública del desarrollo del sector minero, cuáles serán sus beneficios, cómo ellos pueden ser parte del proceso, entre otros.
Además, de acuerdo a nuestro marco legal, el 60% de las regalías debe invertirse en proyectos de desarrollo social alrededor de las comunidades. Para eso tenemos a la empresa pública Ecuador Estratégico, la cual se encarga de ejecutar esos proyectos alrededor de las áreas de influencia.
Por ejemplo, Ecuador Estratégico ha invertido cerca de US$ 150 millones en proyectos alrededor de la minería, como escuelas, infraestructura vial y centros de salud. Solamente en la provincia de Zamora Chinchipe, donde tenemos los proyectos Mirador y Fruta del Norte, se invirtieron US$ 90 millones aproximadamente para proyectos de desarrollo social, como Unidades Educativas del Milenio, hospitales, carreteras, parques, y demás obras.
Aparte, hemos creado la figura de la regalía minera anticipada para estos proyectos, que inclusive ninguno de estos está en producción, tales como Fruta del Norte y Mirador.
Al firmar el contrato, negociamos una regalía anticipada que será deducida de las regalías futuras una vez que estén en operación. Ese recurso nos permite invertir en importantes obras que necesita la comunidad y, en consecuencia, nos faculta a lograr mejores relaciones con las localidades de influencia minera directa.
Por ejemplo, con el proyecto Mirador se negoció US$ 100 millones por regalías anticipadas; hasta el momento han desembolsado US$ 70 millones.
Asimismo, con Fruta del Norte negociamos US$ 65 millones, pagándose US$ 25 millones a la fecha para desarrollo social. Es decir, solo en esos dos proyectos todavía faltan US$ 70 millones adicionales, que deberán entregarse en el transcurso de los próximos dos años en beneficios de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia directa de los proyectos mineros.
¿Qué acciones realiza el Gobierno para evitar la contaminación de las operaciones mineras?
Tenemos una normativa ambiental muy estricta. Para nosotros –más allá del desarrollo de la minería en aspectos como inversión, producción, generación de oportunidades y su aporte a la economía del país–, siempre es importante recordar que la ejecución de los proyectos no es a cualquier costo, pues jamás negociamos temas sociales ni ambientales.
Bajo esa premisa, el Gobierno de Ecuador dispone del Ministerio del Ambiente que se encarga de realizar un seguimiento riguroso de los planes de manejo ambiental de las compañías mineras.
También está la Secretaría del Agua, que vela por el otorgamiento de los permisos para la utilización del recurso hídrico; además, en coordinación con el Ministerio de Minería, desarrolla un monitoreo estricto de todos los procesos ambientales.
Aunque los grandes proyectos mineros no entran a la etapa de producción, vale destacar que ya existe un seguimiento a sus procedimientos para que cumplan con el manejo ambiental de la construcción y; además, estamos trabajando con las operaciones ya existentes (desde hace más de un siglo) para que ellas también cumplan con la normativa ambiental y puedan capacitarse, a fin de optimizar sus procesos ambientales.
