La asamblea tiene hasta mediados de mayo para aprobar los artículos del borrador de Constitución, que después pasará a manos de una comisión armonizadora que dará la forma final al texto.
Agencia Reuters.- La asamblea que escribe una nueva Constitución chilena comenzará a debatir el jueves decenas de artículos sobre derechos mineros, hídricos y ambientales que podrían cambiar la forma en que el mayor productor global de cobre regula la producción del metal rojo y otros minerales como el litio.
El debate arrancará al mediodía sobre artículos que incluyen la protección de las fuentes de agua, los glaciares y los humedales antes de votar más tarde en la jornada y el viernes. En general, las propuestas establecen una regulación ambiental más estricta para la minería.
Los artículos necesitan una mayoría calificada de 103 votos en la asamblea de 154 miembros para ser agregados al nuevo texto. Los que obtengan una mayoría simple volverán a la comisión de medio ambiente para nuevos debates y una posterior segunda votación.
Los artículos, que han sido suavizados a lo largo de los debates dentro de la comisión en medio del rechazo del sector minero y la preocupación por propuestas radicales como nacionalizaciones, sentarían las bases para un mayor escrutinio a la minería y su impacto ambiental.
En 2020 los chilenos votaron abrumadoramente a favor de redactar una nueva Constitución después de que las protestas contra la desigualdad sacudieron al país andino en 2019. Sin embargo, disputas políticas internas y polémicos planteamientos han minado el apoyo al proceso.
La asamblea tiene hasta mediados de mayo para aprobar los artículos del borrador de Constitución, que después pasará a manos de una comisión armonizadora que dará la forma final al texto. Los chilenos votarán para aprobarlo o rechazarlo en un plebiscito el 4 de septiembre.
Si los votantes rechazan, el país mantendrá su actual carta magna orientada al mercado, que se remonta a la dictadura militar de Augusto Pinochet aunque ha sido modificada varias veces desde que entró en vigencia en 1980.
