El violento episodio suscitado hace dos semanas en Pichanaki, que lamentablemente dejó como saldo una persona fallecida y más de 50 heridos (entre policías y manifestantes), ha vuelto a poner en duda si la estrategia del Gobierno en la prevención de los conflictos sociales es la adecuada.
¿Es que el Gobierno no aprendió las lecciones tras Conga y Espinar? ¿Acaso es negativo el balance de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, repotenciada hace dos años y medio?
La importancia de determinar las respuestas cae por su propio peso: la economía del país afrontó un período de desaceleración en el 2014 y este año buscará recuperarse.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de los 210 conflictos sociales identificados hasta el 31 de enero pasado, más de un 70% involucraba a los sectores extractivos. Es decir, minería e hidrocarburos, precisamente los que más contribuyen con el PBI.
¿MENOS O MÁS?
Entre el 2006 y el 2011, el gobierno de Alan García afrontó una serie de conflictos sociales que no solo retrasaron varios proyectos importantes como Tía María, Quellaveco, Río Blanco, Pucamarca, Corani, entre otros, sino que significaron un costo social muy alto: 191 muertos.
El inicio del período de Ollanta Humala no fue ajeno a este problema: entre el 2011 y el 2012 las protestas en Conga y Espinar ocasionaron la caída de dos presidentes del Consejo de Ministros. Sin embargo, desde entonces el número de conflictos sociales se ha reducido tanto en número como en intensidad.
Datos de la Defensoría del Pueblo indican que el 2011 cerró con 322 conflictos acumulados y el 2014 con 276. Las razones de esta disminución tienen varias hipótesis.
De acuerdo con Lucio Ríos, consultor minero y catedrático de la UPC y la UNMSM, el primer motivo es que en los últimos años las empresas, sobre todo del sector minero e hidrocarburos, se preocuparon por fortalecer sus áreas de responsabilidad social y relaciones comunitarias con el fin de sostener mejores relaciones con las comunidades de sus áreas de influencia.
Asimismo, destaca la labor de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS), que desde mitad del 2012 reemplazó a la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales.
“Fue una buena decisión del Estado de ponderar y dar más recursos a una oficina que trabaja en el tema de la prevención. Antes se esperaba que el conflicto estalle”, dice.
De acuerdo con las estadísticas de la ONDS, hasta noviembre del año pasado habían contribuido a resolver 112 casos, entre ellos de gran envergadura como Majes Siguas II, Quellaveco, Corani, Huaquina, Las Bambas, Toromocho, Constancia, entre otros lugares.
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, no niega que la ONDS haya hecho una buena labor, pero considera que todavía es insuficiente.
“Su trabajo se ha incrementado porque se los ha dotado de mayores recursos y personal. También han tenido intervenciones insistentes para propiciar el diálogo en varios conflictos, pero aún tienen problemas de coordinación con los ministerios y los gobiernos regionales y locales”, señala.
Por su parte, José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, sostiene que la reducción de la problemática social en los dos últimos años es un proceso que no debe sorprender. “Es imposible que los conflictos se mantengan en picos altos en cuanto a número e intensidad permanentemente, si fuese así estaríamos en una situación de ingobernabilidad”.
A su entender, la caída del precio de los minerales también ha ocasionado el repliegue de varios proyectos y, por ende, las demandas de las comunidades.
Pero también considera que la ONDS está sobredimensionando sus resultados. Para explicarlo cita dos casos: Toromocho y Constancia, ambos proyectos mineros.
“Hace poco hubo problemas en la comunidad de Uchucarco, zona de influencia del proyecto Constancia, y en Toromocho siguen los problemas. Habría que ver qué entiende la ODNS por resolver”, critica.
El especialista considera que los conflictos deben ser monitoreados constantemente porque no siempre se resuelven, sino se transforman. “No pueden decir está resuelto y mirar hacia otro lado”, afirma.
UN AÑO COMPLEJO
La mala actuación del Gobierno en el conflicto Pichanaki podría generar que episodios similares se de en otras partes del país a corto plazo.
Luque, de la Defensoría del Pueblo, dice que allá se cometieron tres grandes errores: una actuación tardía, porque desde setiembre se había advertido del peligro de la situación; ausencia de análisis, dado que no se tomó en cuenta que dentro de los protestantes había actores con una plataforma política; y la intervención escasamente profesional de la policía, que ocasionó un muerto y decenas de heridos.
El economista Miguel Santillana considera que, peligrosamente, los grupos violentistas se han reorganizado y han empezado a actuar desde finales del año pasado en diferentes partes del país. “Con el retroceso de la denominada ley “pulpín” se ha demostrado que salir a la calle hace recular al Gobierno”, enfatiza.
De Echave indica que, efectivamente, la temperatura de la conflictividad social se ha elevado y que podría agravarse debido a la reducción del canon que recibirán las regiones en el transcurso del año.
Como se conoció la semana pasada, las transferencias por este concepto se reducirían en más de S/.1.000 millones si se las compara con el 2014.
“Es otro elemento a tener en cuenta, pues las regiones no van a sentir, como antes, los beneficios de la actividad minera y la de hidrocarburos. Asimismo, estamos cerca a un año electoral. Todo hace pensar que el 2015 será complicado”, agrega.
Los profesionales consultados para este informe consideran que en la actualidad se debe prestar bastante atención a las siguientes zonas del país: la región sur y la Amazonía. En el primer caso, se debe a que tres de las cuatro regiones con el mayor número de conflictos están allí: Apurímac, Cusco y Puno. En el segundo caso, porque en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la región Loreto, además de un reclamo de compensación económica a Pluspetrol, se encuentra detrás una agenda histórica: titulación de tierras, inversión en salud, remediación ambiental, mejor educación, etc. “Hay una serie de reclamos y el antecedente más cercano es Bagua”, alerta la defensoría.
Por último, no se debe obviar a la región Arequipa, en la que se busca reactivar el proyecto Tía María, el cual años atrás trajo consigo un espiral de violencia. Evidentemente, en manos del Gobierno está prevenir que la conflictividad se desborde y que esta no aqueje a la economía.
Fuente: El Comercio
