Víctor Burga
Socio de Auditoría de EY
No es que quiera ser pesimista, pero la minería en el Perú se encuentra en una situación delicada por los bajos precios de los principales metales que comercializamos, los costos crecientes que actualmente enfrenta, la permisología y las dificultades con las comunidades. La minería es una actividad importante, pues aporta casi el 14% del PBI y representa el 55% de las exportaciones. En este sentido, la minería no debería ser sólo un asunto de empresarios privados sino también un asunto de interés prioritario del gobierno.
Recientemente, el Viceministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que la inversión minera en el 2015 sería similar a la del año 2014, que fue de aproximadamente US$8,500 millones. Esto es una buena y mala noticia. Es buena pues a pesar de los bajos precios y los problemas con las comunidades, entre otros asuntos, existen empresas privadas que siguen apostando por la minería en el Perú, pero a la vez es mala porque estamos estancados y la inversión podría ser mucho mayor si el gobierno se mostrara más decidido a apoyar a los mineros, siempre dentro de un marco de irrestricto respeto por el medio ambiente y las comunidades.
Pero, ¿a qué me refiero con apoyo más decidido? De acuerdo con cifras oficiales, la cartera estimada de inversiones mineras se compone de numerosos proyectos, que incluyen proyectos de ampliación, proyectos en exploración avanzada y proyectos con estudio de impacto ambiental aprobado o en proceso de evaluación, los cuales totalizan más de US$60,000 millones. De este total, 79 proyectos que representan alrededor de US$42,000 millones se encuentran paralizados, lo cual no es poca cosa. Me pregunto, ¿qué acciones puntuales viene ejecutando el gobierno a fin de lograr que mega proyectos como Conga por US$5,000 millones, Tía María y Cuajone por US$2,500 millones, entre otros, se desarrollen y entren en producción? Mi impresión es que el apoyo es tibio y lento y, en algunos casos, las empresas mineras están abandonadas a su suerte.
Actualmente, el gobierno ha publicado una nueva regulación que busca impulsar la inversión en proyectos mineros mediante la simplificación de procedimientos, reducción de plazos y la uniformización y flexibilización de criterios en las autorizaciones de construcción y funcionamiento en todas las etapas de la actividad minera. Asimismo, ha puesto en marcha la estrategia de gestión social como política de acompañamiento a la inversión minera con la finalidad de identificar las necesidades de la población y garantizar un clima favorable para las inversiones. Estas dos medidas son muy importantes para el desarrollo de la industria minera en el Perú, pues van a ayudar a poner en marcha proyectos actualmente paralizados o demorados.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, hay mucho “pan por rebanar”. Aún la tramitología es un lastre que sigue demorando proyectos y genera que un proyecto se encarezca. Mientras más se demore la aprobación de un proyecto, más costoso se vuelve explorarlo y desarrollarlo y, si a esto le añadimos una coyuntura de precios bajos, estamos frente a una tormenta perfecta. Si no, veamos el caso de Michiquillay y tantos otros proyectos que han sido suspendidos o abandonados.
Por otro lado, para que un proyecto pueda desarrollarse se requiere más que “un acompañamiento a la inversión minera” por parte del Estado. En mi opinión, necesita actuar en dos frentes. En primer lugar, es indispensable que el Estado ejerza una labor educativa, paciente y constante, para explicar a las comunidades que la minería y el agro no son alternativas excluyentes, pues pueden convivir perfectamente, sin que ninguna de ellas afecte a la otra. En segundo lugar, se requiere que el Estado tenga una mayor participación en zonas donde usualmente no la tiene; de lo contrario, las comunidades van a tener la expectativa de que la empresa privada haga las veces de Estado y solucione todos sus problemas y cubra sus carencias. Mientras no exista esta mayor participación, los proyectos se van a volver más difíciles de desarrollar o simplemente se van a abandonar. Para muestra un botón: según la Defensoría del Pueblo, al 31 de enero de 2015 existen 140 conflictos socio-ambientales, pero solo se dialoga en 64 de ellos.
En adición, los precios de los metales también vienen golpeando a la minería. Estos vienen registrando caídas importantes, afectados por el exceso de inventarios de algunos metales -por ejemplo, el cobre-, la fortaleza del dólar y la incertidumbre que genera la recuperación de la economía de China, el mayor consumidor de metales en el mundo. Las empresas mineras han reaccionado efectuando recortes de costos y gastos y suspendiendo por el momento proyectos de inversión.
Frente a esta coyuntura, es conveniente seguir avanzando, pero de manera acelerada, en las facilidades para que las empresas mineras puedan explorar, desarrollar y explotar recursos minerales con seguridad y celeridad. El no hacerlo, tendrá un impacto negativo significativo en los niveles de inversión minera en el Perú y, consecuentemente, en el PBI.
Rumbo Minero Ed. 84
