Entrevista a Antonio Fernández Jerí, Alto Comisionado en Asuntos de Formalización Minera
Por: Eva Cruz
Desde mayo del 2013, cuando se creó el cargo que desempeña, a la fecha, ¿cuáles son los resultados más importantes que ha logrado esta instancia de la PCM?
Lo más destacado para mí es que se ha podido articular a diferentes agentes del Estado que tienen la misma misión de cautelar nuestros recursos naturales y proteger el medio ambiente y la salud de la población. Antes, no había un articulador y cada quien trabajaba de manera independiente en lo que se refiere a la actividad de minería ilegal, sea metálica o no metálica. Ahora, a través de esta oficina se ha dado un cambio completo. Desde que se aprobó la estrategia (enero 2014), se ha avanzando tres pasos más y se sigue articulando.
Según un estudio del Instituto Libertad y Democracia (ILD), los mineros necesitan más de tres años y medio e invertir más de US$ 80,000 para formalizarse. ¿Cuán cierto es eso?
Es respetable ese criterio viniendo de una persona que tiene mucho prestigio en su análisis económico (Hernando de Soto); pero discrepo de su análisis porque nuestras cifras indican que los costos promedios varían hasta por los US$10,000 solamente, y ese monto está dentro de lo que proyecta una pequeña empresa como un minero artesanal o asociado. Tan es así que, cerrando febrero, se bordea ya un número de 600 mineros formalizados a nivel nacional solo en este año. Es un buen número, a pesar de la falta de colaboración de los gobiernos regionales y otros percances particulares.
¿De qué región es la mayoría de mineros formalizados?
Aproximadamente, 400 son de Puno. Ellos ya están vendiendo oro certificado a Suiza y otros mercados internacionales. Los que antes, de manera ilegal, tenían una utilidad como de 2, en un promedio del 1 al 10, ahora, vendiéndolo de manera legal, ya formalizados, están ganando un mínimo de 8 y hasta 10 ya que no hay intermediarios. En este momento, que el precio del petróleo ha bajado y el precio del oro está subiendo constantemente, aquellos que se formalizaron están ganando bien. Lo que han invertido en su proceso de formalización, ya lo han recuperado en solo dos o tres meses. Son empresas de alta rentabilidad, con inmediato retorno de su inversión. Casi el 90% de formalizados son de Arequipa y Ayacucho, donde se asocian a través de cooperativas en su mayoría. Son pocas las personas naturales.
¿Cuáles son las regiones más golpeadas por la minería ilegal e informal?
Un ícono en la minería metálica ilegal es Madre de Dios, pero también lo son Puno, Arequipa, Piura, San Martín, Loreto, Ucayali, La Libertad. Y luego, con menor incidencia, por un menor monto de capitales que mueven, están Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Huánuco, Junín, Apurímac. Y en minería no metálica tenemos toda la costa peruana: Arequipa, Nasca, Ica, Lambayeque, Piura.
¿Cuánto ha perdido el Estado por esta actividad ilícita?
El Estado deja de percibir anualmente más de mil millones de dólares por la minería ilegal, ingresos que pueden servir para obras sociales. Esta actividad no sólo deja un forado económico, sino que tiene delitos conexos como la trata de personas, el narcotráfico; y otros factores como el daño a la salud. La valoración económica del daño ambiental es mucho mayor; son cifras incalculables.
Frente a este panorama, ¿cuáles son las acciones que ha tomado el gobierno?
En esta oficina hemos encontrado legalmente demandas para que vayamos a hacer interdicción en aquellos lugares en los que el Estado jamás dará una autorización. Hemos estado hace poco en Suyo, Ayabaca y algunos poblados pequeños en Piura, cerca de la frontera con Ecuador, trabajando en los afluentes de los ríos que van al gran reservorio de San Lorenzo, que irriga a los campos agrícolas de la región. Parte de esa agua también va para consumo humano. Entonces estamos hablando de poco más de 300 mil habitantes que consumen agua potable en Sullana, quienes en menos de un año podrían tener un alto nivel de plomo en el cuerpo producto de los relaves de mercurio que existen en la parte alta de la misma cuenca hidrográfica; por lo tanto, es nuestra obligación impedirlo.
¿Qué tanto se ha avanzado respecto al control del comercio de insumos químicos?
En este tema nos han ayudado las normas que se han dado desde el Ministerio de Transportes, Sunat y Osinergmin, que son los entes del Estado que están realizando las actividades de control y fiscalización de manera permanente. Estamos con una propuesta nuestra para implementar en los próximos seis meses acciones para afianzar los puestos de control y fiscalización.
¿Cuáles son sus planes específicos?
Quizás más adelante se promueva la instalación de chips en todos los vehículos destinados a esta actividad que viajan al interior de las regiones y con ello se controle el contrabando también. Por el lado de Bolivia hemos detectado un problema de contrabando de combustible y estamos haciendo todas las acciones para cerrarlo con el apoyo de la Sumar y la Cancillería. Cualquier actividad que un minero ilegal trate de hacer para abastecerse de insumos para un área que es ilegal, nosotros vamos a cerrarle el paso; ténganlo por seguro. Ya se avanzó como una política de Estado el proteger nuestros recursos naturales, y no vamos a retroceder. Vamos a fortalecer todas las barreras para continuar en este camino.
(La entrevista completa se encuentra en la edición impresa y virtual de su revista RUMBO MINERO Nº 85)
