MINERÍA. De Tambogrande a Tía María. Doce años de acervos conflictos sociales han reconfigurado la faz de la inversión minera en el país e inducido a las empresas mineras, a ensayar nuevas estrategias de acercamiento con las comunidades.
El pasivo es bastante conocido: proyectos paralizados por miles de millones de dólares. Pero el aprendizaje ha sido amplio. Prueba de ello son los US$19.000 millones en inversiones mineras viabilizadas por las empresas mineras, merced a un acertado relacionamiento social.
Es el caso de Las Bambas (US$10.000 mlls.), la Ampliación de Cerro Verde (US$4.600 mlls.), la Ampliación de Toquepala (US$1.200 mlls.), Tambomayo (US$250 mlls.) y Shahuindo (US$130 mlls.), por citar los proyecto más conocidos.
De Quellaveco (US$3.300 mlls.), La Granja (no hay una cifra confirmada pero se habla de más de US$1.000 mlls.), Corani (US$600 mlls), Ollachea (US$170 mlls.) y la reanudación del Complejo Metalúrgico de La Oroya – CMLO (US$800 mlls.), proyectos en suspenso por factores económicos, pero que gozan de una amplia base popular de apoyo que presiona por su desarrollo.
Eso es lo que acontece en La Oroya, donde la población no solamente exige la reanudación de operaciones del complejo metalúrgico, sino que amaga con perpetrar un ‘segundo Tía María’ para forzar al Estado a generar las condiciones que permitan atraer la inversión minera.
PROYECTO DESEADO
“El Gobierno insiste en hacer minería donde nadie la acepta [como en Tía María]. Y acá, que sí la queremos, no la promueve”, se queja Luis Castillo, líder sindical de La Oroya.
La ciudad está en crisis desde que el CMLO cerró operaciones en el 2009. Seis años de incertidumbre han motivado que los oroínos reconsideren su tradicional relación de amor-odio con el operador minero-metalúrgico. Hoy, el 90% apoya a la minería y anhela que el complejo se venda para atraer los US$800 millones en inversiones ambientales que traerá el nuevo propietario.
“El CMLO reactivará la ciudad. Dicen que han colocado filtros para evitar la contaminación. Antes sí contaminaba, pero ya no”, comenta Karina Suárez, dueña del restaurante Michellin de La Oroya. Este es el mismo sentir de los trabajadores metalúrgicos, comerciantes, transportistas y amas de casa de la urbe andina.
La Oroya es un caso particular, pues está emplazada en el cinturón polimetálico del centro del país, donde agricultura y ganadería no representan alternativas atractivas de empleo para la población.
“La minería es lo único que hay aquí para vivir”, señalan los trabajadores mineros de las operaciones cercanas a La Oroya.
Tal es la razón por la que los moradores de esta vasta región polimetálica convienen en aceptar los grandes proyectos mineros, aun cuando estos los impacten. Es el caso de las 160 familias que se niegan a ser trasladadas de Morococha a Carhuacoto para posibilitar la ampliación de Toromocho (US$1.320 millones). “Nosotros decimos sí al proyecto, pero con beneficios y respetando nuestros derechos”, refiere Noemí Orihuela, vecina de Morococha.
Ella y sus vecinos están dispuestos a abandonar el poblado minero, pero solo si Chinalco les proporciona viviendas dignas en Huancayo o Lima. No en Carhuacoto.
En el centro del país, la prédica antiminera de Tía María no surte efecto. Pero ¿qué sucede con los proyectos enclavados en regiones ganaderas y agrícolas? ¿Qué tienen en común Las Bambas y la Ampliación de Cerro Verde que los diferencia de Conga o Tía María?
CLAVES PARA EL ÉXITO
Según Luis López, del Grupo de Diálogo Minero, el denominador común de los proyectos exitosos son los acuerdos pactados por empresas mineras y comunidades en temas claves como compra de tierras a buen precio, provisión de empleo, creación de fondos sociales, cuidado del agua y permanente disposición a conversar.
“Pero lo más importante, ninguna de estas empresas se ha atrevido a continuar avanzando sin haber sellado antes convenios duraderos con actores representativos, como alcaldes y juntas de usuarios. Todas han tenido la cautela de detenerse hasta obtener la licencia social”, explica.
En su opinión, ese ha sido el error más grave cometido por Southern en Tía María. La mexicana habría considerado que le bastaba con obtener la luz verde del Gobierno para allanar la disconformidad de varios actores sociales.
“Conga y Tía María son proyectos de empresas que tienen bastante tiempo operando en el Perú, y que actúan de la misma manera siempre. Lo que les ha acontecido es una advertencia para que cambien su manera de operar”, opina Ricardo Labó, consultor en minería.
¿Cómo operan ahora las empresas mineras para ganarse la confianza de las comunidades? Según Ángel Álvarez, gestor de Toromocho y presidente de ProEXPLO 2015, el quid está en no forzar las cosas y en trabajar con discreción para recabar la aquiescencia social.
Fuente: El Comercio
