Argumentó que los largos plazos son incompatibles con la realidad financiera que enfrentan las empresas.
El director ejecutivo de Metals Exploration, Darren Bowden, instó al gobierno filipino a abordar el lento proceso de permisos de exploración que, dijo, está frenando el crecimiento y empujando a los inversores a otras partes.
En un almuerzo reciente del Club Minero Filipino, Bowden, cuya empresa opera la mina de oro Runruno en Nueva Vizcaya, afirmó que las demoras en la obtención de permisos de exploración están socavando el potencial minero del país. Comparó el proceso filipino con el australiano, donde las aprobaciones se emiten en cuestión de semanas.
“En Australia, obtener un permiso de exploración demora de 24 a 48 horas… en un plazo de 30 a 60 días, se emite y ya se está trabajando”, dijo Bowden. “En Filipinas, se tarda al menos un año, y luego de tres a seis años antes de poder empezar a trabajar. Por eso no tenemos un sector minero desarrollado”.
Se deben reducir los plazos
Enfatizó que la exploración es la base de una industria minera próspera. Argumentó que los largos plazos son incompatibles con la realidad financiera que enfrentan las empresas, que dependen de los resultados iniciales para captar capital y avanzar en sus proyectos.
“Estos plazos deben cambiar”, afirmó. “Dado que la visión del presidente es revitalizar la industria minera filipina como motor económico clave, el proceso de permisos debe adaptarse a la realidad comercial”.
Bowden destacó la brecha en la actividad de exploración entre Filipinas y otras jurisdicciones mineras. Australia registró un gasto en exploración de 4.200 millones de dólares australianos (150.000 millones de pesos filipinos) en 2023, en comparación con tan solo 37 millones de dólares en Filipinas. «Eso da una buena idea de la diferencia», señaló. «Dependemos de depósitos de 30 o 40 años para nuestro futuro. Así no es como vamos a impulsar el crecimiento de esta industria».
Ley de pueblos indígenas
También expresó su preocupación por la aplicación de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA) durante la fase de exploración. Si bien expresó su apoyo a la intención de la ley, argumentó que esta se está aplicando más allá de su alcance legal.
“Con esta ley no es necesario negociar beneficios económicos para los pueblos indígenas en la etapa de exploración”, dijo. “Eso es necesario para el desarrollo de la mina, no para la exploración. Sin embargo, pasamos por un proceso de tres años que cuesta cientos de miles de dólares, innecesariamente”.
