El Perú cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en la región en términos de consulta previa y es uno de los pocos países que obliga a las empresas a ejecutarla en las comunidades, lo cual les permite reducir la conflictividad social frente a proyectos mineros, destacó el Grupo del Banco Mundial (GBM).
El director del GBM para las economías de Bolivia, Chile, Perú y Venezuela, Alberto Rodríguez, señaló, en relación a los conflictos sociales que se han registrado por la ejecución de importantes proyectos mineros como Tía María y Las Bambas, que es natural que en un proceso de esta naturaleza haya desacuerdos y que ciertos grupos se sientan afectados.
“En el fondo lo más importante es que se respete la ley y que esas consultas se realicen, pues los proyectos mineros, y de cualquier tipo, tienen que respetar las normas medioambientales y sociales”, señaló tras su participación en el foro ‘Empleos, salarios y la desaceleración en América Latina’ realizado en el marco de las Juntas de Gobernadores del FMI y del GBM.
En ese sentido reveló que el GMB está trabajando un plan para mostrar mecanismos que permitan crear un vínculo entre la actividad extractiva y la inversión pública en jurisdicciones que albergan los yacimientos.
“Esa es parte de la solución para reducir la conflictividad social: el mostrar el vínculo del proyecto minero con la inversión en esas comunidades y creo que ese es el camino. El conflicto y la discusión social es un paso natural en estos procesos pero es un paso que hay enfrentar y se puede superar con diálogo”, manifestó.
Fuente: Andina
