Este posible movimiento ha generado inquietud en los círculos empresariales internacionales, ya que podría interpretarse como un intento de expropiación encubierta de activos.
Un tribunal en Bamako celebrará este jueves una audiencia clave que podría redefinir la relación entre Mali y la minera canadiense Barrick. La sesión abordará la solicitud del gobierno militar maliense para reabrir la mina de oro Loulo-Gounkoto bajo una administración provisional, una maniobra que podría marcar una nueva fase en el prolongado conflicto entre ambas partes.
La disputa, que comenzó en 2023 tras la introducción de un nuevo código minero más estricto, ha escalado significativamente. El gobierno acusa a Barrick de evasión fiscal y exige mayores beneficios estatales, mientras que la compañía canadiense insiste en que sus operaciones solo podrán reanudarse si se levantan las restricciones a las exportaciones de oro, impuestas desde noviembre pasado.
El conflicto llegó a un punto crítico en enero, cuando el gobierno maliense incautó tres toneladas métricas de oro, valoradas en unos 317 millones de dólares, y detuvo a cuatro gerentes de la empresa. Desde entonces, las operaciones en Loulo-Gounkoto están paralizadas. La mina es estratégica para ambas partes: Barrick, que posee el 80%, la considera uno de sus activos clave en África; el gobierno maliense, con un 20% de participación, busca mayor control e ingresos.
Según Souleymane Maïga, vicepresidente del Tribunal de Comercio de Bamako, este jueves comenzará el proceso formal de evaluación del caso. Tres fuentes citadas por Reuters afirman que podría emitirse una decisión pronto, lo que abriría la puerta a una administración estatal interina de la mina.
Este posible movimiento ha generado inquietud en los círculos empresariales internacionales, ya que podría interpretarse como un intento de expropiación encubierta de activos. Barrick, que ha iniciado un proceso de arbitraje internacional desde diciembre de 2024, advierte que la gestión provisional socavaría la confianza en el entorno de inversión del país.
En mayo, la minera reveló que había recibido un ultimátum del gobierno: reanudar operaciones antes del 20 de abril o enfrentar una intervención directa. Aunque ambas partes han estado negociando un memorando de entendimiento para resolver el conflicto, los intentos de acuerdo han fracasado en al menos tres ocasiones, según el CEO de Barrick, Mark Bristow.
Una de las versiones sobre la última ruptura del acuerdo señala que el gobierno maliense consideró inválido el documento firmado por la empresa. Otra fuente mencionó que el Estado exige un pago adicional, supuestamente por impuestos impagos desde que la mina detuvo su actividad.
La situación es tensa, con implicaciones que van más allá del caso Barrick: podría sentar un precedente en la región sobre la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en el sector extractivo.
