El empresario minero Segundo Cueva Rojas reveló detalles de la matanza que el 25 de abril terminó con la vida de 13 personas en el socavón Santa María, distrito de Pataz, La Libertad, se dio con la finalidad de robar más de 200 toneladas de mineral aurífero, las que fueron sustraídas en un asalto cuidadosamente orquestado, ejecutado sin previo contacto ni exigencia económica.
“Fue terrorismo, no un robo común”
Cueva relató a Cuarto Poder que la agresión comenzó pasada la medianoche, tras recibir una llamada que lo alertó del ataque. Al llegar a la zona, encontró los accesos bloqueados con piedras. Parte de su personal había sido tomado como rehén, mientras otros intentaban escapar entre disparos y humo. “Nunca pidieron rescate, no querían dinero. Solo venían por el oro”, sostuvo.
El uso de humo tóxico —producto de la quema de llantas— dificultó la visibilidad. Los atacantes dispararon sin tregua, dejando voces de auxilio apagadas por el paso de las horas. El hallazgo de los cuerpos se dio días después, luego de retirar un muro de piedras.
Seguridad informal y presunto colaborador
El testimonio del empresario también expuso una de las debilidades del sistema: la contratación informal de personal de seguridad. Dos sujetos, conocidos como “Rec” y “Técnico”, eran los encargados de vigilar las instalaciones. José Ramiro Lozano Peche, alias “Técnico”, fue contratado sin contrato ni registro. “Todo era de palabra, no hay nada firmado”, reconoció.
Ambos supuestos vigilantes pertenecían a una “empresa R y R” que, en realidad, no existía legalmente. Pagaban hasta 100 mil soles mensuales por ese servicio, sin ninguna documentación de respaldo. Tras la masacre, “Técnico” desapareció y ahora es investigado por una posible complicidad en el asalto.
Impacto en la región y grietas en la seguridad
Las 13 víctimas fueron halladas en un área distinta a la del mineral, lo que sugiere que sus cuerpos fueron movidos tras ser asesinados. El propio Cueva acompañó a las autoridades en el reconocimiento del socavón.
El caso no solo expone el nivel de violencia asociado a la minería ilegal, sino también las debilidades estructurales en el control del uso de seguridad privada en zonas de extracción. “Esto fue un ataque planificado, con inteligencia interna. Lo que han hecho es terrorismo”, afirmó.
Mientras continúan las investigaciones, el empresario ha asumido el apoyo a las familias afectadas. Pataz, una de las zonas más golpeadas por la minería ilegal en el país, enfrenta hoy un nuevo capítulo de impunidad, crimen organizado y un oro que aún no aparece.
