En contraparte, el estudio también reveló una cifra alarmante: 16 % no considera a la minería ilegal como un delito.
El 71 % de peruanos considera probable que las campañas electorales de 2026 sean financiadas por dinero proveniente de la minería ilegal, señala una reciente encuesta de Ipsos para el colectivo País Seguro, publicada por Perú 21.
Dicho estudio, que consultó a 1.051 ciudadanos, evidenció además que el 32 % de los encuestados considera muy probable que se usen recursos de origen ilícito para financiar campañas, mientras que un 39 % lo considera probable. Solo un 18 % ve esta posibilidad como poco o nada probable. Un 6% se mantiene neutral y un 5 % no precisa su opinión.
De forma alarmante, el estudio revela que un 16 % de los encuestados no considera a la minería ilegal como un delito, pues en ciertos casos se le asocia como una fuente de ingresos ante el rechazo del Estado y se le desvincula de su impacto ambiental y social.
Intenciones políticas
Iván Arenas, consultor en temas de minería, advirtió: ““Nunca se ha visto una representación directa tan clara. Antes delegaban, ahora quieren estar ellos mismos en el Congreso o en el Ejecutivo”.
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Para el especialista, la intención de los líderes mineros ilegales de participar en política responde a una estrategia de legitimación que podría trasladar una agenda vinculada no solo a la minería informal, sino también a otras actividades ilícitas como el narcotráfico o el tráfico de armas.
En ese sentido, Arenas subrayó que “cuando entran al poder no lo hacen solo por el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), sino con una agenda que puede extenderse a otros sectores económicos”.
Participación en el Congreso
Recientemente se conoció que al menos 168 mineros informales de Pataz con Reinfo vigente están afiliados al partido Alianza para el Progreso (APP). Además, se documentaron 158 visitas de dirigentes mineros informales al Congreso entre enero de 2024 y mayo de 2025, siendo el periodo más activo el de debate sobre la prórroga del Reinfo.
Esta presencia fue defendida por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien afirmó: “Este es un país libre, democrático. Todos los ciudadanos pueden ingresar al Congreso”.
