Agregó que el Estado no requiere del REINFO para fiscalizar la minería ilegal.
En una reciente conversación con Rumbo Minero, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, afirmó que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre refleja una intención política del actual gobierno de postergar una decisión definitiva y dejarla al próximo mandato.
“La prórroga del REINFO no es una sorpresa. Desde abril ya se hablaba de un sistema interoperable con plazos que claramente superaban el periodo de este gobierno. Lo que buscan es evitar ser asociados con el cierre del REINFO”, señaló Herrera.
Cuestionó las recientes declaraciones del actual titular del MINEM, Jorge Montero, quien responsabilizó al Congreso por no aprobar la ley MAPE. Para Herrera, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están actuando en conjunto para evadir responsabilidades en un año electoral.
El exministro advirtió que se trata de una estrategia política previsible: “No se necesita justificar la ampliación. Basta con no cumplir lo prometido, dejar que el tiempo pase, y otorgar seis meses más, como se ha hecho repetidamente”. A su juicio, esto refleja la falta de voluntad para asumir un cambio estructural en el manejo de la pequeña minería.
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Falta de fiscalización efectiva
Herrera enfatizó que el Estado no requiere del REINFO para fiscalizar la minería ilegal y que hay entidades como la SUNAT o la Policía Nacional que podrían intervenir directamente. “Estamos hablando de operaciones que mueven más oro y dinero que el sector formal. La evasión tributaria debería ser un tema prioritario para el Ministerio de Economía y Finanzas”, sostuvo.
El ingeniero también cuestionó la inacción del Congreso. Recordó que el exministro Rómulo Mucho fue censurado por presentar tarde la ley MAPE, mientras que la actual gestión lleva seis meses sin avances concretos. “No es casualidad. Hay sectores con intereses claros en mantener el statu quo que ampara la informalidad”, afirmó.
Respecto al contenido del proyecto de ley MAPE, Herrera destacó tres ejes principales: trazabilidad del oro, un impuesto plano del 10%, y una política de compra justa del mineral. No obstante, advirtió que algunos parámetros, como el límite de 25 toneladas diarias para ser considerado minería artesanal, son excesivos y no responden a la realidad económica actual del sector.
Finalmente, el exministro hizo un llamado a que la formalización no se convierta en una penalización para quienes intentan cumplir la ley. Relató casos en los que concesionarios formales son sancionados por daños ambientales causados por invasores ilegales. “El Estado no puede multar al afectado cuando no garantiza el orden. Si queremos formalizar, debe representar un beneficio real, no una carga adicional”, concluyó.
