El parlamentario criticó la falta de prioridad del ministro frente a la caída de proyectos de exploración minera.
El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, criticó duramente al Ejecutivo y al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, a quien calificó de mantener una gestión “bastante tibia” frente al avance de la minería ilegal en el país.
En entrevista exclusiva con Rumbo Minero, Bazán denunció la creciente infiltración de mafias mineras en instituciones clave del Estado y advirtió sobre el impacto económico y político que esta situación podría generar en los próximos años.
“El ministro Montero debe entender que su prioridad hoy no puede ser otra que enfrentar la minería ilegal. Estamos perdiendo competitividad, se han caído proyectos millonarios de exploración y la caja fiscal está más golpeada que nunca”, afirmó el legislador.
Bazán también cuestionó la decisión del Ejecutivo de ampliar el REINFO hasta fin de año, señalando que esta medida promueve la ilegalidad. “En La Libertad, están permitiendo reingresar a más de 1.500 mineros ilegales que tenían el REINFO suspendido. Se estima que hay cerca de 20.000 mineros ilegales en todo el país. Es una irresponsabilidad total”, aseguró.
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Financiamiento a campañas políticas
El parlamentario por La Libertad alertó que las mafias mineras no solo han penetrado oficinas regionales, sino también el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras estructuras del aparato estatal. “No tengo dudas de que la minería ilegal va a financiar las campañas políticas del 2026. El próximo Congreso podría estar lleno de operadores al servicio de estas mafias”, advirtió con preocupación.
Sobre el rol del Congreso, Bazán aseguró que muchos parlamentarios no apoyan la actual propuesta de Ley MAPE enviada por el Ejecutivo, por considerarla perjudicial para la minería formal. Además, denunció la existencia de intereses dentro del Parlamento que buscan bloquear cualquier avance normativo que limite los beneficios para la minería informal e ilegal.
También se mostró tajantemente en contra de que el Banco de la Nación adquiera oro, advirtiendo que “el Estado terminará dándole sello oficial a un producto sin trazabilidad, con origen posiblemente ilegal”.
Finalmente, Bazán exigió una respuesta firme del Ejecutivo y una acción real desde el Ministerio de Energía y Minas: “No es momento de indecisiones. Necesitamos una ley de formalización minera seria y acciones contundentes contra las mafias que están destrozando nuestro territorio y nuestras instituciones”.
