Exploración cuprífera en Perú avanza lento pese a US$ 612 millones de inversión. Menos del 30% de proyectos cupríferos ha recibido autorización para iniciar trabajos de campo, mientras el país pierde liderazgo global
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reporta que más de la mitad de los 84 proyectos de exploración minera en Perú se concentran en el cobre, con una inversión acumulada de US$ 612 millones. Sin embargo, el avance de estos proyectos resulta limitado: solo 13 de los 48 activos cuentan con fecha de inicio autorizada para explorar. La mayoría aún se encuentra en etapas tempranas, como la obtención del instrumento de gestión ambiental (IGA) o el proceso de consulta previa.
Seis proyectos, entre ellos Marcobre (Ica), Quicay II (Pasco), Haquira, Antilla y Cotabambas (Apurímac); concentran el 65% de la inversión, pero la mayoría no supera la fase ambiental. El caso más avanzado es Marcobre, que obtuvo en febrero la octava modificatoria de su estudio de impacto ambiental. Sin embargo, especialistas como Miguel Cardozo alertan que trámites que deberían tomar hasta 180 días pueden demorar años. “Solo la consulta previa puede extenderse hasta cinco años, dependiendo de la gestión del Estado”, afirmó.
Los retrasos burocráticos tienen un costo alto: Perú ha sido superado por la República Democrática del Congo en producción mundial de cobre. Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE, señaló a diario Gestión que el camino desde la exploración hasta la producción implica más de 265 trámites, y puede tomar entre 20 y hasta 100 años en los casos más complejos. Marcial García, de EY Perú, recordó que “solo uno de cada 100 proyectos termina siendo mina” y advirtió que, con apenas dos iniciativas grandes: Tía María y Zafranal.
A pesar de este contexto, la transición energética global podría impulsar la demanda de cobre hasta triplicarse en los próximos 15 años. Para aprovechar esta oportunidad, expertos coinciden en que Perú debe simplificar su tramitología, brindar seguridad jurídica y reducir conflictos sociales. Solo así el país podrá volver a convertirse en un destino competitivo para la inversión minera formal.
