En un mensaje a la Nación emitido este domingo 13 de julio en medio de bloqueos mineros violentos registrados a nivel nacional, el Ejecutivo presentó un video informativo sobre las pérdidas generadas por la minería ilegal. Entre 2023 y 2025, la minería ilegal en Perú provocó pérdidas fiscales que superan los S/ 7.500 millones, según estimaciones oficiales.
Esta actividad devastó más de 19 millones de hectáreas, con un impacto particularmente grave en la Amazonía, donde se han arrasado 180 mil hectáreas. Más allá del daño ambiental, el perjuicio económico representa una oportunidad perdida para el desarrollo del país, debido a que se habrían financiado 1500 escuelas primarias rurales, 750 centros de salud, 375 comisarías, 8 plantas de tratamiento de aguas residuales, 5 proyectos eléctricos, 10 parques industriales regionales, 750 km de carretera y 5420 puentes.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, tomó la palabra y alertó que la minería ilegal provocará pérdidas fiscales superiores a los S/ 7.800 millones en 2025, afectando tanto al impuesto a la renta como al canon minero. “Se está perjudicando a regiones como Puno con S/460 millones en pérdida de impuestos, Arequipa S/450 millones, Madre de Dios S/240 millones, La Libertad S/215 millones, Apurímac S/213 millones y Ayacucho S/160 millones”, indicó. Añadió que esta actividad impide el desarrollo, destruye el medio ambiente y vulnera los derechos laborales de los pequeños mineros y trabajadores artesanales.
El ministro también anunció medidas para proteger los derechos de los trabajadores del sector y se refirió al debate en el Congreso sobre la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Enfatizó que el objetivo de esta legislación debe ser ordenar las actividades de los operadores formales. “Esta nueva ley que todo el Perú espera es una ley que debe legislar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal formales. No es una ley que legisle sobre procesos de formalización de registros vigentes o suspendidos”, remarcó.
En paralelo, el ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció sobre las recientes protestas organizadas por mineros ilegales. “Desde el inicio de las manifestaciones, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú priorizó el diálogo (…) A pesar de ello, las fuerzas del orden fueron sumamente respetuosas y actuaron siempre en el marco de la ley”, señaló. Según Malaver, los bloqueos alcanzaron su punto más crítico el 8 de julio con ocho vías cerradas en La Libertad, Ica, Cusco y Arequipa, además de una concentración de 2.500 personas frente al Congreso.
“El gobierno decidió actuar como Estado con la finalidad de restablecer el libre tránsito en esos ocho puntos de bloqueo”, subrayó el titular del Interior. Las operaciones policiales buscaron garantizar el orden público, proteger derechos fundamentales y reducir el impacto económico que ya había afectado al turismo, el mercado local y el abastecimiento de bienes esenciales. Malaver aseguró que las medidas adoptadas responden al respeto por la institucionalidad y la protección de los ciudadanos.
