Normas recientes dificultan investigaciones y acciones contra delitos ambientales, según advierte Frank Almanza, coordinador de las FEMA.
Las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) expresaron su preocupación por un conjunto de normas y proyectos de ley que estarían debilitando de manera significativa la lucha contra la minería ilegal en el Perú. Según Frank Almanza Altamirano, fiscal superior provisional y coordinador nacional de las FEMA, el marco legal vigente dificulta la labor de interdicción y persecución de estos delitos, otorgando ventajas a quienes operan al margen de la ley.
“Lo que está pasando legislativamente son normas, que en vez de avanzar nos hacen retroceder en esta lucha”, advirtió Almanza. Uno de los principales cuestionamientos se dirige al Decreto Legislativo 351, que impide investigar a personas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Almanza también cuestionó las recientes modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado. Señaló que, tras el cambio normativo, solo los delitos con penas mayores a cinco años pueden ser investigados bajo esa figura. “Ningún delito ambiental puede ser investigado hoy día en crimen organizado”, puntualizó. Además, criticó los vacíos del artículo 307 del Código Penal, que sanciona la exploración y explotación, pero no el transporte, comercialización o exportación de recursos obtenidos ilegalmente.
Otro punto de preocupación es la ley de extinción de dominio. “Ya no se puede hacer hoy día extinción de dominio […] porque los delitos ambientales no pueden ser materia de extinción de dominio a menos que tenga sentencia condenatoria previa”, precisó Almanza. Esto limita severamente la capacidad del Estado para incautar bienes relacionados con delitos ambientales o la minería ilegal, en un país donde una sentencia puede tardar hasta cuatro años.
