El apu Romer Orrego Ikam denunció que la organización criminal ‘Los Choneros’ impulsa la extracción ilegal de minerales y el adoctrinamiento de comunidades en el Cenepa. Alertó que el Estado ha perdido soberanía y exigió medidas inmediatas para frenar la expansión de estas mafias en una zona de alta vulnerabilidad minera.
Minería ilegal y carreteras clandestinas en el Cenepa
El líder indígena de Condorcanqui, Romer Orrego Ikam, advirtió que la frontera amazónica con Ecuador enfrenta un grave riesgo debido a la incursión de la organización criminal ‘Los Choneros’, que se ha instalado en el distrito del Cenepa para abrir carreteras clandestinas y facilitar la extracción ilegal de minerales. “Prácticamente la soberanía del país aquí en la frontera del Cenepa la hemos perdido”, declaró a RPP.
Estado ausente frente al avance de mafias mineras
Según Orrego, los operativos del Ejército y la Policía no han tenido resultados efectivos, debido a filtraciones internas que permiten a los delincuentes ocultar sus actividades antes de cada intervención. “Siempre que se va a realizar una intervención, los delincuentes tienen un aviso previo y hasta usan a los niños como escudo”, denunció.
Impacto en comunidades y pérdida de control minero
El dirigente alertó que las mafias no solo impulsan minería ilegal, sino que también adoctrinan a jóvenes Aguajún y Wampis, debilitando la defensa del medio ambiente y normalizando la extracción ilícita. Este escenario compromete el futuro de la región y favorece la inserción de oro ilegal en los circuitos de comercio, en un contexto nacional ya golpeado por la falta de trazabilidad en el sector.
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Exigen intervención urgente del Gobierno
Orrego pidió a la presidenta Dina Boluarte y a la Cancillería instalar un puesto de vigilancia militar confiable en la frontera. “Los embajadores deben tener acciones concretas e inmediatas para recuperar el control. La corrupción y la ausencia de fiscalización están permitiendo que estas mafias se consoliden”, señaló.
La denuncia se suma a la creciente preocupación por el avance de la minería ilegal en zonas fronterizas, donde la debilidad del Estado ha abierto espacios para organizaciones internacionales que ponen en riesgo tanto la seguridad nacional como la reputación del Perú como productor minero.
