Ejército y Policía desarticularon en Los Ceibos una red ligada a disidencias de las Farc, protegiendo el río Amaime de graves daños ambientales.
La Tercera Brigada del Ejército Nacional y la Policía del Valle del Cauca ejecutaron el 7 de septiembre un operativo en Los Ceibos, Palmira, que culminó con la destrucción de maquinaria usada en minería ilegal. La acción buscó frenar la extracción ilícita de minerales que generaba más de $60 millones mensuales, ingresos que fortalecían a la disidencia de las antiguas Farc conocida como frente Adán Izquierdo, además de salvaguardar el río Amaime, vital para las comunidades rurales.
Entre los equipos inutilizados figuraban dos dragas con motor y tres motobombas eléctricas, esenciales para la explotación ilícita. Según el Ejército, estas herramientas pertenecían al grupo armado residual, que utilizaba los recursos obtenidos para financiar sus actividades delictivas en el centro del Valle del Cauca. La operación golpeó directamente la capacidad operativa y financiera de la estructura, interrumpiendo el flujo constante de ingresos ilícitos.
También puedes leer:
Condenan a 4 años de cárcel a sujetos acusados por minería ilegal en Amazonas
El Ejército destacó el impacto de la acción: “Con esta operación, se logra frenar el recaudo de más de 60 millones de pesos mensuales destinados a financiar sus acciones criminales, a la vez que se protege el río Amaime, fuente hídrica vital para la comunidad”. El operativo no solo debilitó al grupo armado, sino que detuvo temporalmente la explotación minera clandestina en la zona.
¿Qué daños ambientales deja la minería ilegal en el río Amaime?
Más allá del impacto económico y de seguridad, la intervención evidenció la magnitud del daño ambiental. Reportes oficiales señalaron que la minería ilegal generaba remoción de suelos, pérdida de cobertura vegetal y vertimiento de contaminantes al cauce del Amaime, comprometiendo la calidad del agua y el equilibrio ecológico. “La afectación ambiental que se ha generado en esta zona tiene un impacto que podría tardar entre 20 y 30 años en ser reparado”, advirtió la Tercera División del Ejército, subrayando los riesgos para la salud y el bienestar de las comunidades locales.