Durante una conferencia sobre criminalidad organizada, el fiscal especializado Álvaro Bernardo Rodas Farro advirtió sobre la magnitud del daño que genera la minería ilegal en el Perú y en la región. Según explicó, esta actividad ilícita no solo afecta la economía nacional, sino que también se ha convertido en un motor de delitos conexos como la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción de funcionarios.
“El oro es un commodity de fácil acceso y, sobre todo, de sencillo blanqueo para las organizaciones criminales a través de empresas fachadas. Esto les permite exportar el oro ilegal hacia destinos como Hong Kong, la India y Emiratos Árabes”, señaló el fiscal.
EXPORTACIÓN A MERCADOS DE BAJA EXIGENCIA
El fiscal también reveló que los países de destino no son elegidos al azar. Mientras Hong Kong funciona como un punto estratégico de comercio, la India y Emiratos Árabes ofrecen escasos controles respecto al origen del oro, lo que facilita el ingreso del material aurífero sin mayores requisitos.
“En estos dos últimos países, la exigencia sobre la procedencia legal del oro es mínima. Por eso las organizaciones criminales los escogen como destino para poder exportar el oro ilegal”, puntualizó.
Con este panorama, el Ministerio Público busca evidenciar que la minería ilegal no es un problema aislado, sino un fenómeno global que exige acciones conjuntas de supervisión financiera, cooperación internacional y endurecimiento de controles para frenar el avance de esta economía criminal.
REGIONES CRÍTICAS Y ZONAS DE FRONTERA
Rodas Farro mencionó que los casos más graves se registran en Pataz (La Libertad), Puno y en las denominadas triples fronteras, en referencia a Brasil-Colombia-Perú y Colombia–Ecuador–Perú. En estas zonas, la minería ilegal no solo depreda el ambiente, sino que se vincula directamente con redes de explotación laboral, tráfico de drogas y lavado de activos.
“El delito de minería ilegal es transversal a la gran mayoría de la criminalidad organizada que está desangrando al Estado”, enfatizó.
