MINERÍA. Conflictos sociales representarían un costo de 20 millones de dólares semanales para grandes proyectos mineros. Un estudio realizado por The Centre for Social Responsibility in Mining (CSRM) y Harvard Kennedy School reveló que los conflictos sociales pueden llegar a representar un costo de US$ 20 millones a la semana para proyectos mineros cuya inversión oscila entre US$ 3,000 millones y US$ 5,000 millones.
El estudio – que analiza 50 casos de conflictos a nivel mundial – demuestra que los costos de estos conflictos para el sector extractivo son significativos. Inclusive en Perú han paralizado Conga de Yanacocha y Tía María de Southern Copper.
El director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales considera que para el caso peruano sí se podría hablar de sobrecostos de alrededor de US$ 20 millones por semana, pero para proyectos de envergadura en operación.
“Eso sí es un costo bárbaro tiene que pagar personal, consumos, tienes que producir, las minas que son subterráneas necesitan tener las bombas prendidas para sacar el agua, es todo un proceso”, detalló a Gestion.pe.
Pero en el caso de los proyectos, tipo Conga, es más difícil cuantificar los costos que ocasionan a las mineras, dado que aún no hay una operación. “En el caso de Conga se ha perdido US$ 1,500 millones en total, pero no se pierde más porque se paró y punto”.
Un análisis de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo entre enero del 2011 y diciembre de 2014 revela que 153 de un total de 539 controversias, es decir el 28.36%, guarda relación con el manejo de los recursos hídricos.
El estudio estadounidense detalla que los temas ambientales son comunes para precipitar el conflicto, seguidos por la contaminación y el acceso o competencia por los recursos ambientales.
Sin embargo, indica que uno de los problemas que más afectan la naturaleza y robustez de la relación entre las partes son las cuestiones socioeconómicas, en particular la distribución de los beneficios del proyecto, los cambios en la cultura y las costumbres locales, y la calidad de los procesos de participación y consulta, además de la comunicación de todo lo relacionado con la iniciativa.
