MINERÍA ILEGAL. Más de mil procesos judiciales por minería ilegal se iniciaron entre 2011 y 2016. Más de 1,000 procesos judiciales y más de 30 sanciones penales, son el resultado del combate al delito de minería ilegal emprendido por el Gobierno en el período 2011-2016, destacó el Ministerio del Ambiente (Minam) al dar a conocer los avances y retos para enfrentar este problema en el país.
En conferencia de prensa, el ministro Manuel Pulgar-Vidal, dio a conocer el Informe N°12 “La Lucha por la Legalidad en la Actividad Minera (2011-2016)”, en la cual se resaltó como importantes avances la tipificación del delito de minería ilegal en el Código Penal, así como la incorporación de formas agravadas de este delito y la creación de las primeras fiscalías especializadas en materia ambiental.
Como resultado de estas acciones se logró que cuatro operadores mineros ilegales vayan a prisión (caso Celfio Gregorio Albújar Cerda, condenado a ocho años de cárcel por extracción ilegal de mineral en el Parque Nacional Huascarán, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad; caso Richard Vargas Sánchez, Benito Atauchi Huamán Guido Mariño Calle, condenados a 6, 5 y 5 años de cárcel respectivamente por afectar la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata).
“Como consecuencia de los esfuerzos desplegados de manera multisectorial -con trabajo articulado de entidades como el Sernanp, la Policía Nacional, el Ministerio Público, entre otras- para enfrentar este delito, se logró erradicar la minería ilegal en la Reserva Comunal El Sira, en la Zona Reservada San Fernando y en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, y en parte del Parque Nacional Huascarán”, enfatizó el titular del Minam.
Denuncia penal contra gobernador regional
Pulgar-Vidal recordó también que se interpuso una denuncia penal contra el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otzuka Salazar, y también contra el exgobernador Jorge Aldazabal Soto y el exdirector regional de minería de Madre de Dios, Milner Oyola Valencia.
Precisó que la denuncia se efectuó por delito ambiental en la modalidad de “negligencia inexcusable” por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, así como por la modalidad de responsabilidad por el otorgamiento ilegal de derechos por funcionario público.
Explicó que esta decisión de la Procuraduría del Minam responde a la negligencia y omisión por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios, que durante los últimos años no evaluó ni aprobó los instrumentos de gestión ambiental correctivos, contemplados en el Decreto Supremo N° 004-2012, uno de los requisitos para lograr la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.
“Dicha inacción permitió que estos grupos de mineros ilegales continúen con sus actividades ilícitas, deforestando y contaminando la Amazonía”, anotó.
El ministro subrayó también que su sector brindó asistencia técnica y procedimientos ágiles y simplificados para formalizar a los operadores mineros que calificaran para tal fin.
Recordó que al 19 de abril de 2014 más de 70,000 mineros habían presentado su declaración de compromiso manifestando su voluntad de formalizar sus actividades y señalando las principales características de su actividad y área de ubicación.
De ese total, 40,648 operadores mineros que presentaron su declaración de compromiso
cuentan con RUC, lo que evidencia su voluntad de incorporarse al sistema legal.
Actualmente 2,156 operadores han logrado formalizarse a mayo del 2016 en las regiones de La Libertad, Puno, San Martín, Piura, Pasco, Arequipa y Lima provincias. Ellos están asociados en más de 100 empresas, cumpliéndose el incentivo de asociatividad que los decretos legislativos promueven. Arequipa espera formalizar 500 operadores en mayo 2016 y 2,500 hacia finales de este año. La Libertad cuenta con más de 1,000 formalizados.
Sostuvo que la formalización, así como las acciones de control e interdicción para el caso de la minería ilegal han ido avanzando de manera progresiva, enfrentando y superando dificultades que tienen décadas de antigüedad.
En ese sentido, Pulgar-Vidal consideró que es necesario seguir el camino avanzado a fin de consolidar los esfuerzos desplegados que buscan cumplir los objetivos sociales, ambientales y económicos expresados en dichas regulaciones.
