HIDROCARBUROS. GSP definirá su futuro el 23 de enero. A contra reloj. La alianza empresarial que opera el Gasoducto Sur Peruano (GSP) tiene como última fecha al 23 de enero para presentar ante el Estado su plan de financiamiento para continuar con las obras del ducto. Los avances de infraestructura están al 34%.
Por el momento, los 22 bancos que capitalizaban la construcción del sistema energético decidieron cortar el flujo de efectivo hasta que Odebrecht vendiera el total de su participación accionarial del 55% en el proyecto.
Ahora, la elaboración del plan de financiamiento está bajo responsabilidad de las empresas Graña y Montero, y Enagás. De lo contrario, tendrán que renunciar a la concesión y afrontar una denuncia por daños y perjuicios, según especifica el contrato.
La empresa brasileña atraviesa su peor momento luego de que reconociera haber sobornado con 29 millones de dólares a altos funcionarios públicos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala para conseguir la adjudicación de varios proyectos.
Dos empresas mostraron interés en adquirir la participación de la firma brasileña: Brookfield y la china CNPC. De ambas, solo Brookfield habría presentado su oferta definitiva.
Cláusula anticorrupción y recibos de luz
Uno de los impedimentos para que Odebrecht venda sus acciones es la cláusula anticorrupción presente en todos los contratos de concesión del Estado. Ella especifica que, de encontrarse algún hecho ilegal, el concesionario perdería todo derecho sobre el proyecto, riesgo que las empresas ofertantes no están dispuestas a enfrentar.
Como consecuencia del escándalo de los sobornos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que retirará el importe cobrado en los recibos de luz para garantizar la seguridad energética del GSP.
Devolución de inversión y nueva licitación
En caso no se lograra el cierre financiero del complejo energético, el contrato se rescindiría. Esto implica que el Gobierno devuelva al consorcio el 72,5% de lo invertido hasta la fecha, suma que asciende a aproximadamente US$1.600 millones. De ellos, US$1.000 corresponden a los aportes de los tres accionistas y US$600 mil a un crédito puente que se adquirió para avanzar con la construcción del ducto.
En conversación con el Diario El Comercio, la abogada Magali Lazo, calcula que armar un nuevo esquema de licitación tomaría, aproximadamente, seis meses. “En adelante, la licitación depende de la concurrencia de los postores”.
En tanto, Sergio Salinas, profesor de la Universidad del Pacífico, comentó que “si el Estado desea revisar y replantear las condiciones de la concesión, apuntando a su autosostenibilidad, la etapa de diseño y estructuración de la nueva concesión puede tomar unos 9-12 meses (contratación de asesores técnicos, estudios complementarios, entre otros) y unos seis meses más, cuando menos, para la etapa licitatoria”.
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(JPC)
