Expansión de la minería ilegal y ausencia del Estado
La minería ilegal continúa extendiéndose de forma alarmante en las regiones de Huánuco y Ucayali, generando graves daños ambientales y consolidando el poder de mafias con respaldo de sectores de la población. Así lo advirtió el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quien denunció la débil presencia estatal y la complicidad de algunas comunidades con estas actividades ilícitas.
Durante un informe televisivo en Pangoa, se evidenció el impacto de esta expansión: ríos contaminados, paisajes devastados y pérdida total de vegetación. Según Herrera Descalzi, lo más preocupante es que algunas comunidades hoy priorizan los intereses de los mineros ilegales por encima de la protección ambiental.
Falta de identificación de responsables
El exministro cuestionó que las intervenciones del Estado se limiten a destruir maquinaria, sin identificar ni procesar a los verdaderos responsables. “Se actúa contra las máquinas, pero nunca contra los cabecillas”, remarcó, al advertir que los nombres de los líderes de estas mafias no se publican ni se les da seguimiento judicial.
Complicidad entre dirigentes y mineros ilegales
Herrera Descalzi reveló la existencia de acuerdos económicos entre comunidades y empresarios ilegales. Mencionó como prueba una carta firmada por un líder nativo que solicitaba S/ 5.000 a cambio de permitir actividades mineras en su territorio.
¿Tiene el Estado capacidad para enfrentar la minería ilegal?
La debilidad institucional en estas regiones es evidente. En Ucayali, solo existen 14 fiscales ambientales, y ninguno cuenta con un vehículo para realizar su trabajo. Herrera Descalzi criticó la falta de recursos y de voluntad política para enfrentar un problema que crece a pasos acelerados.
“El Estado no tiene ni la intención ni la capacidad de enfrentar a estas mafias”, advirtió, pidiendo un plan integral que involucre a todos los niveles de Gobierno.
Impacto ambiental de largo plazo
El uso intensivo de mercurio y maquinaria pesada está transformando ríos, suelos y ecosistemas de manera irreversible en el corto plazo. La recuperación, según explicó, dependerá de la acción de la naturaleza y podría tomar décadas.
Propuesta de explotación legal y sostenible
Como alternativa, Herrera Descalzi planteó que el Estado impulse la explotación legal y responsable de los recursos naturales, de manera que los ingresos sirvan para financiar la lucha contra la ilegalidad y apoyar a las comunidades.
Minería ilegal en frontera y cifras millonarias
El problema también se extiende a las zonas limítrofes con Ecuador, donde operan mineros extranjeros sin control alguno.
Según el exministro, la minería formal genera cerca de US$ 10.000 millones, mientras que la ilegal moviliza alrededor de US$ 12.000 millones, superando a la actividad regulada y convirtiéndose en una de las economías ilícitas más rentables del país.
Precio internacional del oro como motor ilegal
Finalmente, Herrera Descalzi explicó que el alto precio del oro en el mercado internacional es el principal motor del crecimiento de la minería ilegal, al convertirse en un refugio frente a la volatilidad del dólar.
Mientras esta tendencia se mantenga, advirtió, será difícil revertir el fenómeno sin reformas profundas y un control más firme del Estado.
