Esta política tributaria es una práctica común en los demás países de la región (Colombia, Ecuador, entre otros) para atraer inversionistas y con ello mejorar la calidad de vida de su población.
El Congreso de la República aprobó en segunda y definitiva votación la Ley que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624, con la finalidad de promover la exploración en las actividades mineras y de hidrocarburos y, fomentar de esa forma, el desarrollo de nuevos proyectos de inversión en el país.
Luego del debate, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, obtuvo 60 votos a favor, 35 votos en contra y tres abstenciones.
Con esta norma, se prorroga la vigencia por cinco años más, hasta el 31 de diciembre de 2027, de la Ley 27623, que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, y de la Ley 27624, que dispone la devolución de ambos impuestos para la exploración de hidrocarburos.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sostiene que la aprobación de la mencionada ley es muy importante, porque permitirá incrementar inversiones en exploraciones de hidrocarburos (petróleo y gas natural) y minería, lo que atraerá nuevos inversionistas al país, generando empleo directo e indirecto, así como la dinamización de la economía local y regional.
Cabe precisar que las actividades de exploración en hidrocarburos y minería comprenden estudios geológicos y/o perforación exploratoria para determinar si existen o no reservas y/o recursos.
La exploración en hidrocarburos y minería es el punto de partida para que nuevas minas y/o lotes de hidrocarburos operen en el futuro, generando crecimiento y desarrollo en las diversas regiones como Arequipa, Puno, Cusco, Junín, Moquegua, Lambayeque, La Libertad, Piura, Huánuco, solo por mencionar las principales.
Finalmente, el MINEM informa que esta política tributaria es una práctica común en los demás países de la región (Colombia, Ecuador, entre otros) para atraer inversionistas y con ello mejorar la calidad de vida de su población. Por ello, mantener la vigencia de la norma permitirá promover la competitividad del Perú frente a los países vecinos.
