Así lo señaló el analista político Enrique Valderrama, agregando que está a favor de la militarización de algunas zonas clave.
El analista político Enrique Valderrama señaló, en diálogo con Rumbo Minero, que en la lucha contra la minería ilegal son necesarios, además de la militarización de algunas zonas clave, la inteligencia policial, presencia del Estado y soporte del Ejército.
«Yo sí estoy a favor de la militarización, pero como se luchó aquí con el terrorismo. Es decir, la combinación de inteligencia policial, presencia del Estado y soporte del Ejército. Con esas tres cosas, yo creo que podemos avanzar (en la lucha contra la minería ilegal)», dijo.
Sin embargo, desde su perspectiva, «parece que este gobierno actualmente no tiene las cosas claras respecto al tema». Explicó, así, que «ello, en principio, porque el presupuesto para el combate justamente de las economías ilegales se ha reducido en 21 % respecto al año pasado, cuando evidentemente el problema ha incrementado».
«El gran impacto de las economías ilegales en el país, para que la gente tenga una idea, es que en los últimos 10 años, contando hasta el 2023, del narcotráfico es de 670 millones y la minería ilegal es de 8 mil millones», anotó.
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Por lo tanto, «el principal asunto aquí es definitivamente el combate de la minería ilegal».
Más acciones
Alrededor del asunto de los delitos ambientales, en donde está enmarcada la minería ilegal, Valderrama mencionó que «si encontramos a 10 condenados, sería bastante».
«En principio, la ley no se está aplicando», enfatizó Valderrama.
Además, el analista política sugirió «aislar la gran masa de algunos que quieren formalizarse con un plan coherente, lógico, a cambio de elevación de estándares ambientales, incluso facilitando la posibilidad de importación de concentradoras o máquinas para procesar mineral ambientalmente amigables».
«En el norte del país está la mayor producción de oro, en La Libertad y Cajamarca; y creo que hay que entrar ahí con un esquema muy fuerte, de mano firme del Estado, que lamentablemente el día de hoy no tiene, porque lamentablemente las economías ilegales han penetrado las estructuras regionales, fundamentalmente de la Fiscalía, del Poder Judicial», lamentó.
Planteó, seguidamente, un esquema de formalización viable, pero duro, «para todos los que quieran realmente ser formales, y para los que no, y para los ilegales, una mano dura, realmente efectiva, de parte del Estado, evidentemente poniendo todos los recursos a disposición».
«A diferencia de otros fenómenos, en la minería ilegal se está plenamente identificado incluso dónde se realiza», puntualizó.
Asimismo, «estamos planteando la posibilidad, por ejemplo, de una importación masiva de plantas procesadoras, que evidentemente en un esquema lógico entre privado y público puedan ponerse al servicio de la gente que quiera formalizarse».
«Lógicamente esto requiere voluntad política y lamentablemente yo no veo que el gobierno quiera avanzar en eso. Y en el Parlamento, creo que se juegan los intereses más del otro lado, que los de la formalidad», finalizó.
