El Gobierno puso la mira más allá de las actividades mineras y petroleras, y dictó una norma para remediar los pasivos ambientales generados por todo tipo de empresa que haya desarrollado sus operaciones en ámbito continental y en el zócalo marino del país.
Así lo destacó Vanessa Chávarry, consejera líder del Área Ambiental del Estudio Payet, en referencia al Decreto De Urgencia 022-2020, denominado Para el Fortalecimiento de la Identificación y Gestión de Pasivos Ambientales, dado el fin de semana.
El DU define como pasivos ambientales a todas aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, sitios contaminados y restos o depósitos de residuos, producidos en el desarrollo de actividades productivas, extractivas o de servicios, que estén abandonados, que afecten de manera real, potencial o permanente la salud de las personas, la calidad ambiental o el ecosistema.
Chávarry indicó que esto incluye también al sector construcción, las áreas degradadas por esa actividad e incluso las demoliciones, así como los desechos vertidos en los ríos y el mar, y actividades pesqueras que hayan sido abandonadas y generen contaminación.
El DU establece que la identificación de esos pasivos esté a cargo de autoridades sectoriales, clasificándolos según si son de riesgo alto, medio o moderado, y la identificación de quienes los ocasionaron, a fin de que asuman la gestión de tales pasivos, bajo sanción.
Cuando no se pueda identificar a los responsables, los sectores asumirán la gestión de los pasivos, con cargo a sus presupuestos institucionales, pero los gobiernos regionales en cuyo ámbito se ubiquen también podrán hacer transferencias para este fin.
Chávarry destacó el hecho de que la norma en mención permita que un tercero privado podrá asumir la remediación de los pasivos cuando sean de mediano o bajo riesgo, así como que permitirá el reaprovechamiento de tales pasivos.
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